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Chihuahua pierde oportunidad para hacer justicia en caso “Operación Safiro”

Por Karina A. Rocha Priego

Quien no terminara de creer que la administración de Enrique Peña Nieto, por instrucciones gubernamentales, tiene y debe seguir teniendo “un trato especial”, aquí les va un ejemplo del cómo, pese al saqueo que hiciere ese gobierno federal al erario público, este sigue sumido en la impunidad.

Hace unos días se dio a conocer que la Suprema Corte ha echado por tierra la última oportunidad que había ya, de llevar ante la justicia a los más altos responsables de uno de los escándalos de corrupción política más grandes de la última década en México, la “Operación Safiro”, un mecanismo mediante el cual el Gobierno Federal desvió 250 millones de pesos de dinero público para trasladarlos a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin mayor explicación, la primera sala de la Suprema Corte resolvió ¡negar un amparo! al Gobierno de Chihuahua, a través del cual solicitaba que se le reconociera el carácter de “víctima del desvío”, ocurrido en 2016.

Ese estado alegaba que el esquema de corrupción causó un daño a sus habitantes, pues el dinero malversado había sido transferido por la Federación a Chihuahua para programas de educación, sin embargo, aseguran se aplicó ahí lo que llamaron “Operación Safiro”, involucrando a las más altas esferas del PRI y de la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Entonces, la Fiscalía de Chihuahua documentó la existencia de un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda federal, entonces encabezada por Luis Videgaray; el gobernador César Duarte y la dirigencia del PRI para consumar la triangulación de 250 millones de pesos, recursos depositados por la Federación en 2016 a las arcas de Chihuahua, mismos que fueron transferidos a empresas fantasma que, a su vez, blanquearon mediante una compleja red de prestanombres y compañías fantasma para, finalmente, aplicar ese dinero a las campañas priistas de ese año, cuando se elegirían varias gubernaturas.

Antes de continuar, les comento que la “Operación Safiro” fue exhibida en su momento por Mexicanos Contra la Corrupción, hecho posterior a la derrota del PRI en las elecciones de Chihuahua, donde llegó a la gubernatura el panista Javier Corral.

Pero ¿a qué se refiere “Operación Safiro”? Bueno, resulta que gobiernos y autoridades de 7 estados de la república desviaron algo así de 650 millones de pesos provenientes de dinero público a empresas fantasma, mediante un esquema de financiamiento ilegal que benefició al PRI en las campañas electorales.

Los gobiernos que participaron en esta millonaria estafa fueron Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México, el Congreso de Morelos y la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, presumiéndose desde el inicio que la operación del desvío y empresas fantasma estaban protegidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, como el robo fue descubierto y dado a conocer a la opinión pública por el entonces nuevo gobernador de Chihuahua, es que el caso escaló hasta el máximo tribunal del país, pues el expresidente Enrique Peña Nieto interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que las autoridades de Chihuahua investigaran sobre el caso, bajo el alegato de que el caso correspondía sólo a las autoridades federales.

Uno de los presuntos responsables en planificar y aprobar el esquema de desvíos, Isaac Gamboa, quien fuera titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, fue asesinado en mayo de 2020, por lo que ahí terminó la posibilidad de ahondar más en el tema. Asesinato “conveniente” para el expresidente Peña Nieto y el propio exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, autoexiliado en Israel.

Como era de esperarse, la investigación involucró directamente a Duarte -que gobernó el estado entre 2010 y 2016 y que se encuentra en prisión procesado por otro desfalco millonario- y a varios de sus colaboradores. Declaraciones de testigos recogidas por la Fiscalía estatal permitieron acusar directamente a Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”, secretario general adjunto del PRI y mano derecha del entonces dirigente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones. En la trama corrupta también estuvo implicado Isaac Gamboa Lozano, tercero de a bordo de la Secretaría de Hacienda y quien en 2020 fue asesinado junto a su familia.

Hoy, revive la “Operación Safiro” y muere para siempre, luego de haberse negado el amparo al Gobierno de Chihuahua, a través del cual, además, se pretendía sentar en el banquillo a los demás involucrados en este millonario desvío -los que aún están vivos, claro-, incluyendo al expresidente Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quienes se encuentran fuera del país, pero “impunes” ante los multimillonarios casos de corrupción cometidos durante su administración.

Cabe comentar que en este caso, una de las fiscalías involucradas, la de Chihuahua, comenzó procesos penales contra más de diez personas, además de obtener ocho sentencias condenatorias y cuatro procesos más sigue su curso.

Se espera, sin embargo, que en algún momento se pueda cumplir con la ley en contra de estos exservidores públicos corruptos, lo cual, dicen, podría ser al momento de concluir la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México…

Oficinas delmacistas, siguen sin ser entregadas a Delfina Gómez

Cambiando de Tema, se dice que todavía hay algunos cargos vacantes en la administración estatal de la gobernadora Delfina Gómez, cargos que al parecer están siendo analizados  incluyendo al vocero o vocera- por el Jefe de Proyectos, Higinio Martínez Miranda, quien, además, es considerado el líder de la izquierda histórica del Estado de México.

Si bien es cierto que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, es el encargado de la operación política del estado y es el encargado de llevar a cabo los nombramientos, le corresponderá a Martínez Miranda “completar” el cuadro de colaboradores de Delfina Gómez.

Aunque, también hay un detalle muy interesante que, al parecer, los que quedan en cargos estratégicos “de bajo perfil”, leales a la administración de Alfredo del Mazo, encargados “de limpiar” las porquerías de esta administración.

De otra forma, ¿cómo explicar que no han sido entregadas todas las oficinas que manejaba el flamante Alfredo del Mazo? ¿Será cierto que Del Mazo tiene “permiso” de vaciar antes de entregar?

Con eso de que entregó el estado en “charola de plata”, al parecer, le dieron chance de limpiar, insisto, sus cochinadas, para no ser señalado tan drásticamente.

Lo cierto es que dichas oficinas siguen en espera de ser ocupadas por los nuevos servidores públicos de la administración delfinista, ahora a ver cuándo se les ocurre entregarlas…

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