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Cede gobierno federal a amenazas criminales

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

 

El hecho de que la presidenta municipal de Tijuana, Baja California, Monserrat Caballero Ramírez, haya aceptado vivir, a solicitud de la Guardia Nacional, en instalaciones de un cuartel militar por las amenazas que le profiriera el crimen organizado, acredita de manera fehaciente que la política contra la delincuencia e inseguridad instrumentada por el gobierno federal no ha dado los resultados esperados, como también lo acreditan los más de 156 mil homicidios dolosos y el “disparo” en extorsiones, cobros de piso y otros ilícitos de alto impacto.

“No es que se esté contra la administración del presiente Andrés Manuel López Obrador, pero es un hecho que no se puede aceptar que una funcionaria como la alcaldesa de Tijuana, respecto de quien también se respeta su decisión, vaya a vivir, junto con su hijo, a instalaciones militares con las amenazas, posiblemente de muerte, que le hicieron sicarios al servicio del crimen organizado, cuando es deber de las autoridades, no solo federales, sino también estatales y municipales, hacerles frente para evitar su accionar”, puntualiza el penalista Enrique Fuentes Ladrón de Guevara.

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