* El poder decidió criminalizar la verdad……
Por Karina A. Rocha Priego
Existe una preocupación grave, profunda y ya inocultable, documentada por organizaciones nacionales e internacionales, sobre un intento sistemático y deliberado de someter, callar y destruir a la prensa crítica en México, no es paranoia, no es exageración, no es discurso incendiario, es una estrategia de control que atraviesa sin pudor a los tres niveles de gobierno, Federal, estatal y municipal, todos alineados en una misma lógica autoritaria, neutralizar a quienes se atreven a exhibir la realidad que el poder quiere esconder.
Hoy el periodista crítico dejó de ser visto como un actor incómodo, pero indispensable para la democracia, y fue colocado en la categoría de enemigo del Estado, de traidor, de desestabilizador, de presunto terrorista, una etiqueta infame diseñada para justificar su persecución, su encarcelamiento o su eliminación simbólica, mientras tanto los verdaderos delincuentes, los auténticos narcoterroristas que controlan territorios completos, economías regionales, corporaciones policiales y decisiones políticas, continúan operando con una impunidad insultante, protegidos, solapados, pues presuntamente son quienes sostienen el aparato gubernamental, económicamente hablando, por lo que este finge combatirlos, pero nada más.
El mensaje que emite el poder es brutal y no admite interpretaciones, en México decir la verdad es más peligroso que traficar drogas, investigar es más riesgoso que extorsionar, denunciar corrupción es más castigado que desaparecer personas, la inversión de valores es total, el criminal es tolerado y el periodista es perseguido.
Periodismo tratado como terrorismo
La criminalización de la prensa dejó de ser un fenómeno velado y se volvió frontal, descarado y sistemático, periodistas críticos están siendo sometidos a acusaciones extremas como terrorismo, lavado de dinero o traición a la patria, figuras jurídicas creadas para combatir amenazas reales al Estado, pero hoy convertidas en armas de represión política, usadas no para impartir justicia, sino para infundir miedo y callar voces incómodas.
El caso del periodista Rafael León Segovia en Veracruz, detenido y acusado bajo estos cargos por su trabajo informativo, no es un error judicial ni un exceso aislado, es un mensaje de advertencia dirigido a todo el gremio, una señal clara de hasta dónde está dispuesto a llegar el poder, “si publicas, si investigas, si exhibes”, el Estado puede fabricarte un delito y convertirte en criminal, la consigna que se escucha en las calles «Soy periodista, no terrorista», no es una frase simbólica, es un grito de defensa frente a un abuso descarado del poder.
Esta narrativa busca deshumanizar al comunicador, convertirlo en un riesgo social, romper la empatía ciudadana y justificar su persecución, porque cuando el periodista es presentado como enemigo interno, su encarcelamiento o desaparición deja de provocar indignación y se vuelve parte del paisaje autoritario.
Acoso judicial como política de Estado
El acoso judicial contra periodistas no es una consecuencia colateral, es una política deliberada, organizaciones como Artículo 19 han documentado un incremento escandaloso de más del 140 por ciento en este tipo de ataques, las demandas estratégicas contra la participación pública, las SLAPP, se han convertido en el nuevo garrote del poder, no buscan justicia, buscan desgaste, ruina económica, miedo y autocensura.
A este escenario se suman leyes ambiguas y peligrosas, particularmente a nivel estatal, como las de supuesto asedio digital, que criminalizan la crítica en redes sociales y convierten la opinión en delito, los gobiernos locales utilizan fiscalías, jueces y marcos legales como instrumentos de persecución política contra periodistas, mientras de manera simultánea miran hacia otro lado cuando se trata del crimen organizado.
Así el miedo se institucionaliza, la palabra se judicializa, la investigación se castiga y la
censura se normaliza bajo el disfraz de legalidad, el Estado deja de ser garante de derechos y se transforma en verdugo de la verdad.
Narcoterroristas protegidos y periodistas perseguidos
Mientras los periodistas son tratados como amenazas a la estabilidad, los verdaderos terroristas del país, los narcotraficantes, siguen siendo suavizados en el discurso oficial, rebautizados con eufemismos ridículos como grupos generadores de violencia, como si no fueran estructuras armadas que siembran terror, desplazan comunidades, controlan economías y presuntamente financian campañas políticas.
La sospecha de que el crimen organizado sostiene económicamente a sectores del poder no surge de la nada, surge de la inacción, de la complicidad evidente, de los pactos silenciosos, de los saludos públicos, de las caravanas políticas, de la ausencia de operativos reales y de una impunidad estructural que ya no se puede ocultar.
Resulta indignante que el Estado sea implacable con periodistas y dócil con narcotraficantes, que vigile redacciones mientras protege rutas criminales, que persiga plumas mientras cuida intereses oscuros, esta contradicción expone la verdad más incómoda, el problema para el poder no es la violencia, es quién la documenta y la exhibe.
Un país desarmado informativamente
México ha sido señalado de manera reiterada como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, la violencia contra comunicadores es estructural, sistemática y mayoritariamente impune, una realidad confirmada por organismos internacionales y negada por un Estado que prefiere atacar al mensajero antes que enfrentar el problema.
Cuando se asesina a un periodista y no pasa nada, cuando se encarcela a otro y se justifica, cuando se difama a un tercero desde el poder, el mensaje es claro, calla o atente a las consecuencias, así se vacía el espacio público de voces críticas, así se deja al pueblo mexicano sin una prensa defensiva, sin herramientas para entender y enfrentar la realidad.
Si no los matan, los convierten en terroristas, si no los desaparecen, los criminalizan, si no los callan con balas, los silencian con expedientes, el resultado es el mismo, una sociedad desinformada, vulnerable y sometida.
El periodismo crítico no es el enemigo, es la última línea de defensa frente a un Estado que se desliza hacia el autoritarismo, atacar a la prensa no fortalece al gobierno, lo exhibe, porque un poder que le teme a la verdad es un poder que tiene demasiado que ocultar, hoy van contra los periodistas, mañana irán contra cualquier ciudadano que se atreva a pensar distinto, defender al periodismo no es una causa gremial, es una causa nacional.
