NACIONAL NOTIMOMENTO

Gobierno privatiza servicios médicos, mientras pacientes con cáncer, muren por falta de medicinas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

De acuerdo al testimonio de familiares de pacientes con enfermedades crónicas, el gobierno federal sigue impulsando la privatización de los Servicios Médicos Integrales (SMI) con la reasignación directa de contratos sin licitar a 10 empresas de su confianza que fueron inhabilitadas siete años por la Secretaría de la Función Pública en agosto de 2022, por no cumplir los requisitos de infraestructura, operatividad ni garantizar el abasto de medicinas en clínicas y hospitales del país. Esa situación en el Sector Salud sigue cobrando víctimas de niños con cáncer y de mujeres con cáncer de mama. Han muerto a la fecha más de 3 mil niños con cáncer, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud; mientras que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del gobierno federal asegura que el cáncer de mama es la mayor causa de mortalidad de la mujer con 521 mil 907 defunciones anuales. La privatización de los SMI va en serio, pues el gobierno federal ya adjudicó contratos directos sin licitación a 10 empresas de su confianza que fueron inhabilitadas por la SFP por siete años en agosto de 2022, para que cumplan con el abasto de medicamentos, insumos, entre otros, y cubran el periodo del presente año 2023 al 2025. Para el 2023 ejercen un presupuesto de entre 35 mil y 38 mil millones de pesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, así como médicos internistas del Sector Salud consultados al respecto, afirman que los pacientes en general continúan viviendo un verdadero viacrucis en clínicas y hospitales por falta de medicinas y entre los más afectados esta la gente pobre, pues aseguran que cientos de miles no tienen ni para comprar un paracetamol.   Explican que los SMI surgieron hace más de tres décadas con la participación de la iniciativa privada para la subrogación de servicios en el IMSS y el ISSSTE, quienes requieren de la contratación de equipos, accesorios, instrumental médico, insumos, capacitación de personal o consumibles, porque tienen la posibilidad de contratarlos mediante la modalidad de “servicios integrales”. Esto significa, dicen, que en vez de comprar cada producto y/o servicio por separado o a múltiples proveedores, un solo proveedor (también llamado integrador) proporciona todo lo necesario para la prestación del servicio médico. Afirman que, en la subrogación de servicios, el Estado hace transferencia de recursos públicos a agentes privados. Aseguran que, de esa forma, el proveedor del SMI pacta una tarifa fija por procedimiento, pero una amenaza latente es que, en el afán de reducir sus costos, pueden sustituir medicamentos o insumos por otros de menor calidad o que no cumplan con especificaciones técnicas requeridas por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS)

Corrupción con empresas inhabilitadas

El problema es que el gobierno federal volvió a adjudicar contratos directos sin licitación a 10 de esas 11 empresas inhabilitadas, sólo para favorecer a sus amigos empresarios y cubran el abasto de medicamentos, insumos, entre otros, para el periodo 2023 a 2025. Esas empresas son las siguientes: Estudios de Laboratorio para Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación epidemiológica, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-1-2023; Hemodiálisis interna, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-3-2023; Tamiz metabólico neonatal ampliado, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-14-2023; Digitalización PostProcesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, con número de licitación LA050GYR988- E23-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Así como Cirugía Cardiovascular y Torácica, con número de licitación LA050GYR988- E17-2022; Estudios de Laboratorio clínico, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-7-2023; Banco de Sangre, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-8-2023; Anestesia, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-9-2023; Procedimiento de Mínima Invasión, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-17-2023; y Hemodinámica y Radiología Intervencionista, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-16-2023.

A pesar del impedimento oficial, éstas 10 empresas inhabilitadas ejercen un presupuesto en conjunto de entre 35 mil y 38 mil millones de pesos para el actual ejercicio fiscal 2023, con posibilidades de ser aumentado y con contrato sin licitar hasta el 2025, como parte de la opacidad, impunidad y corrupción que caracterizan al actual gobierno federal.

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