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Gobierno represor de Morena condena a prisión a indígenas por protestar contra Guardia Nacional

Por Raúl Ruiz/Reportero.

 

En el estado de Chiapas los indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández, vecinos del municipio de Chilón, cerca de Ocosingo, en plena selva Lacandona, fueron condenados a dos años de cárcel por marchar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, en su pueblo, más allá de la condena, el proceso se entiende en Chilón como una amenaza ante cualquier tipo de protesta, sea por el cuartel de la Guardia Nacional, que finalmente se construyó, u otra distinta. Gutiérrez y Hernández integran una organización regional, Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevipe), que ha criticado el desplazamiento forzado de vecinos de otros pueblos, caso de Chenalhó, o la construcción de una supercarretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque.

” César y José Luis pertenecen al Ejido San Jerónimo, parte de Chilón, que es donde se iba a construir el cuartel. Las victimas en cuestión, decidieron protestar, junto a otros ejidatarios, porque ni siquiera les habían consultado como ejido. La protesta fue en la carretera que comunica con Ocosingo, fue algo pacífico y entonces, de manera arbitraria, la policía estatal les detiene a ellos dos “, explica Ivette Galván, parte del equipo jurídico que apoya a la comunidad, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Galván y César Contreras, compañeros en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, explican que el intento de levantar el cuartel motivó la primera demanda de amparo contra la construcción de un complejo así en México. “No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos, y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica Contreras.

Tanto el Centro Pro como el Frayba han criticado la sentencia del juez, principalmente por la nefasta calidad de las pruebas que presentó en el juicio la Fiscalía General del Estado, según han explicado las organizaciones, la dependencia acusaba a los dos hombres de un delito de motín, en un comunicado, el Frayba ha explicado que la Fiscalía no probó que ni uno ni otro hubieran cometido delito alguno.  Lo que es peor, la dependencia ignoró las denuncias de tortura en contras de los agentes captores, interpuestas por los dos activistas.

“Los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal, ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020, cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente”, lee el comunicado. “De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación, que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios”, añade.

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