NACIONAL

Indígenas ikoots denuncian que los encarcelaron, en Oaxaca, por negarse a votar por el PRI

Los pescadores Hugo Alberto Martínez Vargas y Juan Carlos Vargas Martínez, acusan de abuso de autoridad al agente municipal de la comunidad Pueblo Viejo perteneciente a San Francisco del Mar, Ángel Martínez Vargas

OAXACA, Oax. (apro).- “¡No somos delincuentes, ni asesinos!”, claman los indígenas ikoots Hugo Alberto Martínez Vargas y Juan Carlos Vargas Martínez, quienes cumplieron 48 horas de ser encarcelados por el agente municipal de la comunidad Pueblo Viejo perteneciente a San Francisco del Mar, Ángel Martínez Vargas, solo por negarse a votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Yulissa Andrés Vargas pidió la intervención de organismos de derechos humanos para que liberen a su esposo Hugo Alberto Martínez y a Juan Carlos Vargas, porque “no son animales para estar aquí encerrados bajo este sol”.

“Queremos que venga derechos humanos. Ellos, no han matado, no han robado, ni han cometido ningún delito”, se escucha en un video que enviaron para evidenciar el abuso de autoridad del agente municipal de Pueblo Viejo, Ángel Martínez Vargas.

Los pescadores Hugo Alberto Martínez Vargas y Juan Carlos Vargas Martínez fueron detenidos el pasado martes 15 de marzo alrededor de las 15:00 horas por caprichos del agente municipal y de los priistas.

Desde la cárcel municipal, Hugo Alberto, de 28 años de edad, insistió en que “no somos delincuentes ni asesinos, solo estamos tratando de ser libres y que respeten nuestra decisión”.

La señora Yulissa exige justicia y que liberen a su esposo porque es quien se encarga de proveer alimentos a sus dos hijos y de llevar a hijo Hugo Alberto Martínez Andrés a sus tratamientos médicos porque recientemente fue operado de invaginación intestinal.

Ante la indolencia gubernamental y la inconformidad de la gente, principalmente de las mujeres ikoots (huaves o mareñas) que comenzaron a concentrarse en la explanada de la comunidad para exigir la libertad de los pescadores presos, hay riesgo de que “estalle la violencia ordenada por la autoridad municipal.

Cabe mencionar que el agente municipal pide cinco mil pesos a cada uno de los detenidos para liberarlos.

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