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Necesario, elevar a “ley” voto ciudadano en México

Por Karina A. Rocha Priego

A 17 días de haberse llevado a cabo el proceso electoral en el Estado de México, no puedo borrar de mi cabeza el nivel de abstencionismo alcanzado en estas elecciones. Quien haya ganado o perdido en realidad es lo de menos, pues, tal vez, los mexiquenses tienen lo que merecen, a final de cuentas.

Sin embargo, parece que todos aquellos que no quisieron salir a votar el pasado 4 de junio, no captan, no entienden, no saben, ¡o no les interesa! saber lo que a todos los mexiquenses les cuesta un voto.

Sí, los votos cuestan. Y sabemos de aquellos que critican, una y otra vez, lo que se gasta en un proceso electoral, les molesta el dinero que a través de los institutos electorales se reparte entre los partidos políticos, dinero que no pagan los partidos políticos, el gobierno o las instancias electorales, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos, los contribuyentes cautivos y perseguidos.

Pero, incluso, muchos de esos “cautivos” se dieron el lujo de ¡no salir a votar! el pasado 4 de julio, no pudieron, no quisieron, no tuvieron tiempo o, el pretexto más estúpido que han puesto todos aquellos que ¡no votaron!: “para qué votamos, si siempre es lo mismo”.

Pero sepan esos desobligados, que todos los mexiquenses -en este caso- pagan los platos rotos por los que no votaron, de todos modos, el recurso económico ya se repartió entre los partidos, pero los candidatos y partidos derrotados, ¡de todos modos se llevaron su dinero!, es más, muchos de los que se registran como candidatos, lo hacen ¡por el dinero!, no por el pueblo o por el triunfo, ¡por dinero!

De ahí que sigamos insistiendo en que el voto ¡debe ser obligatorio! Reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos de la ciudadanía:

I.- Votar en las elecciones populares; (REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019).

II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Sí, ¡es un derecho!, pero estarán de acuerdo en que también deber ser ¡una obligación!, porque los votos ¡les cuesta a todos los mexicanos!, es injusto realmente que, por la apatía de unos, paguen todos los que ¡sí hacen valer su derecho!

Pero para que se den una idea de lo que estamos hablando, en agosto de 2022 se hizo saber que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó a los diversos partidos políticos de la república mexicana el financiamiento público de seis mil 233 millones 510 de pesos, esto de acuerdo con la Central del órgano, pero para el proceso electoral del pasado 4 de junio, se habrían de aplicar 13 mil 987 millones, por lo que cada voto tuvo un costo de 208 pesos.

¿Se imagina usted qué puede hacer un obrero con 208 pesos? Según un balance realizado hace algunos meses, 208 pesos equivalen a 41 boletos del Metro de la Ciudad de México, los cuales podrían utilizar un usuario para sus pasajes de ida y vuelta por poco más de un mes, únicamente contando los días laborales.

Haciendo números, si en el Estado de México, 12.6 millones de ciudadanos estuvieron en condiciones de votar, lo que equivale a 2 mil 620 millones, 800 mil pesos y solo votaron 6.2 millones, o sea 49.9 por ciento, lo que equivale a un mil 289 millones, 600 mil pesos, entonces ¡se perdieron mil 331 millones, 200 mil pesos!, dinero que fue a dar ¡a la basura! porque 50.1 por ciento de los mexiquenses ¡no salieron a votar! ¿No le parece a usted una mentada de madre?.

¡Claro que sí!, pero los irresponsables ¡no lo entienden! Ese dinero lo pagan, insisto, ¡los contribuyentes! y esos, no tienen por qué perder su dinero como se ha perdido.

Por eso la necesidad de insistir, una y otra vez de que, el voto, ¡sea obligatorio! y quien no lo ejerza, ¡pague las consecuencias! y que no sean tan solo 208 pesos, pues sería una verdadera burla, sino que dichas consecuencias equivalgan a una penalidad, además de ¡económica!, que afecte la vida diaria de un ciudadano, aunque se lea grotesco y salgan a relucir ¡los derechos humanos! que, dicho sea de paso, en innumerables ocasiones esos, actúan “a conveniencia de”, pero es necesario hacer algo en este país para evitar esas “fugas millonarias” que afectan a ciudadanos cumplidos.

Por ejemplo, además de la sanción económica, podría ser, como en Chile, una sanción que afecte la movilidad del incumplido, hasta bloquear en el sistema la credencial del INE como se hace contra personas privadas de la libertad-, pues ustedes saben, esa credencial se ha convertido en la herramienta oficial para realizar toda clase de trámites, incluso, por encima del pasaporte, documentos ambos que cuentan con la fotografía del ciudadano; quien no cuente con la credencial del INE o la tenga bloqueada, no cuenta con identificación oficial, por lo tanto, no se puede inscribir a los hijos en la escuela, no se puede dar de alta una cuenta en el banco, no se puede cambiar un cheque, no puede viajar en avión; la credencial del INE es usada hasta para identificarse ante Hacienda, o sea, es utilizada ¡para todo!.

De ahí, querido lector, hacer del “voto” una obligación, haciendo uso de la credencial del INE, para que el costo de cada sufragio se devenga como debe ser y no se pierdan miles de millones de pesos como sucedió el pasado 4 de junio.

Por cierto, el monto del voto que se dio a conocer fue el resultado de sumar el presupuesto del INE que son 13 mil 987 millones y el presupuesto que se otorgó a los partidos políticos que son 6 mil 233 millones, lo que da un total de 20 mil 220 millones.

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