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Profeco debe inspeccionar hospitales privados, evitar cobros excesivos

***Las tarifas de hospitales y clínicas privadas deben estar fijadas a estándares razonables y no dejarlo a su libre interpretación, para no caer en abusos: Partido Verde.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Ante denuncias ciudadanas de que en  hospitales y clínicas privadas piden a familiares de enfermos de Covid-19 firmar pagarés en blanco o depósitos en efectivo de hasta 150 mil pesos para poder atenderlos, al igual que  hacen con pacientes con otras enfermedades, la senadora del Partido Verde, María Graciela Gaitán Díaz, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a realizar inspecciones para evitar cobros excesivos y en su caso sancionar conforme a ley.

Esto a través de un Punto de Acuerdo presentado en el Senado de la República, donde expuso que existe evidencia de que los depósitos, para que los pacientes puedan ser tratados, son excesivos y totalmente alejados de las realidades económicas de las personas, así como que se les obliga a firmar pagarés, a efecto de garantizar el pago y hacerlo ejecutable con posterioridad, dichos depósitos oscilan entre los 150 mil y los 400 mil pesos dependiendo del hospital privado.

Asimismo denunció que existe evidencia por parte de la población en el sentido de que los altos y excesivos costos, también se reflejan en los medicamentos que suministran a los pacientes mientras están internados.

Por ello, pidió al titular de la Profeco realizar visitas, inspecciones y requerimientos en instituciones médicas privadas (hospitales, clínicas y nosocomios) en las treinta y dos entidades federativas.

“Lo anterior, sin duda, refleja el abuso por parte de las instituciones médicas privadas, en la prestación de sus servicios, aunado a que sus tarifas deben estar fijadas a estándares razonables y no dejarlo a su libre interpretación, porque esto cae, precisamente, en los excesos y abusos” declaró la legisladora por San Luis Potosí.

Gaitán Díaz dejó en claro que si bien es cierto que las instituciones médicas privadas, propiamente, no están obligadas a garantizar el derecho humano de protección a la salud, como las públicas, la prestación del servicio que llevan a cabo tiene relación directa con el derecho humano y fundamental de protección de la salud, además de que la propia carta magna establece límites a las empresas para cobros por la prestación de un servicio y derechos para los consumidores.

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