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Recrudecer castigo y penas contra agresores infantiles y de animales

Por Karina A. Rocha Priego

Parece mentira, querido lector, que, a las autoridades de todos los niveles de gobierno, poco o nada les interese el cómo se han incrementado los delitos en contra de los seres más vulnerables como son los niños y los animales.

Y no es que se haga un comparativo, se trata de una cruel realidad contra seres vivos que se han convertido en presa fácil para los delincuentes y, como en el caso de los infantes, los delincuentes resultan ser los padres.

Nada menos, en el Estado de México, los delitos contra menores incrementaron 931 por ciento en los últimos ocho años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional Pública y, en 51 por ciento de los casos, estos delitos los cometen miembros de la familia, pretendiendo para ello, endurecer la pena de 20 a 30 años de cárcel y, decimos, “pretendiendo”, porque desgraciadamente todo queda en el papel, pues para que llegue a “cumplirse” tendrán que pasar muchas cosas entre los legisladores, incluyendo “negociar” entre partidos políticos.

Pero lo más lamentable, es que existen redes locales y externas, conformadas hasta por empresarios y políticos, dedicadas no sólo al tráfico de menores en todas sus formas; algunas de estas “negociadas” por los padres de familia, que, se ha visto, venden a sus hijos por deudas de juego o simplemente “por dinero fácil”, pero la violencia familiar ha sido la práctica más común para atentar contra menores de edad, y desde hace tres años, como supuesto resultado de la pandemia del Cóvid 19, pero ¡es mentira!, esto se viene dando por décadas y por décadas ¡nadie hace nada al respecto!.

Según se dio a conocer, tan solo en 2022 se registraron en el Estado de México, 5 mil 486 incidencias en delitos sexuales contra menores, ubicándolo en el primer lugar con 16 por ciento de los registros; seguido de la Ciudad de México, con 14 por ciento; Jalisco, 9.9 por ciento; Chihuahua, 5.9 por ciento; Nuevo León, 5.5 por ciento; y Baja California, 5 por ciento, pero de 2015 a 2022 el abuso sexual pasó de 532 a 5 mil 486 casos; el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indicó que la mitad de delitos de violencia contra infantes es cometida por familiares y 14 por ciento por personas conocidos o cercanas a las víctimas.

Sin embargo, a pesar de que el Código Penal ya considera dos agravantes para este delito, la minoría de edad y la incapacidad para entender o resistir la agresión, se debe agregar cuando sea cometido por familiares; persona que tenga la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente, y se debe establecer la reparación de los daños y perjuicios considerando el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.

Hoy, es necesario se actualice la normativa para garantizar las sanciones, está definido en el artículo 270, pero solo provee la “minoría de edad y la falta de capacidad para comprender el hecho y poder resistir” donde se debe agregar el vínculo familiar por el crimen atroz que les causa un daño físico, psicológico, trastornos, afectan su desarrollo cognitivo, entre otros temas.

También, es necesario adicionar el pago de la reparación de daños y perjuicios, dependiendo del grado de afectación a la víctima; agravantes para enfatizar que cuando es por familiares, quienes tienen la custodia, la pena se aumente hasta en una mitad en su mínimo y máximo que actualmente es de 10 a 20 años, se pierda la patria potestad, y cuando sea servidor público, sea destituido del cargo o suspendido por cinco años.

Para el caso de los niños que sufren este tipo de abuso se enfrentan a consecuencias a largo plazo, como trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad y dificultades en sus relaciones interpersonales. Además, estas experiencias traumáticas pueden afectar su desarrollo cognitivo, social y emocional, teniendo un impacto negativo en su calidad de vida.

Ahora bien, las autoridades se enfrentan a otro grave problema, pensando en que, para ellas, en verdad “sea un problema”, como es el “uso”, literal, de menores de edad en situación de calle o que se presume están en situación de calle. Se sabe de una cruenta red de explotadores de menores, a los cuales se les puede ver pidiendo limosna, limpiando parabrisas o vendiendo chicles en las esquinas, pensando los ciudadanos que se trata de menores verdaderamente desvalidos y, sí lo son, pero poco saben que son parte involuntaria de esa red de explotadores que incluye a los padres de familia quienes los “rentan” para sacar algunas ganancias fáciles. ¿Lo sabía usted? Lo peor de todo no es eso, sino que detrás de esta red de abuso y corrupción de menores, están autoridades de los tres niveles de gobierno quienes se han convertido “en protectores” a cambio de parte de las ganancias que generan estos infantes, pequeños que van desde los pocos meses de nacidos hasta adolescentes que deambulan por las calles.

Algunos, logran escapar haciendo de basureros, coladeras, bajo puentes, parques, sus nuevos hogares, exponiéndose a toda clase de peligros empezando por las drogas y las violaciones que, por cierto, derivan en más infantes en las calles.

De ahí la necesidad sí, de legislar, pero ¡hacerlo bien!, dejando de lado los intereses personales y lucrativos de algunas autoridades que se resisten, literalmente, a resolver este problema tan grave como es el abuso de menores en todas sus “modalidades”. Pero nos vamos con los otros vulnerables que son los animalitos, seres igualmente inocentes que, a diferencia de otros ¡no se pueden quejar ni denunciar!, solo sufren o mueren en manos de personas con “complejo de superioridad” que abusan de estos hasta en los más inexplicables términos.

En el Estado de México, los reportes de maltrato animal se concentran en seis municipios mexiquenses y, según la Propaem, de 2017 a 2023 se han recibido 5 mil 649 denuncias por agresiones contra animales.

Pero en este caso, es lamentable que la legislación mexicana “aún no reconozca derechos de los animales”, aunque haya un “marco jurídico” que los protege.

Los seis municipios en cuestión son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan y Tecámac y, hasta mayo de este año, 103 carpetas de investigación por ese delito han sido creadas, pues en ese lapso, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) ha recibido 5 mil 649 denuncias por agresiones contra animales.

Sin embargo, es verdaderamente importante que en lo que a maltrato animal se refiere, también ha habido una tendencia en el nivel de crueldad con el que se ejecuta el maltrato, entonces es una tendencia al alza, pero se dice que también esta tendencia ha tenido la mayor intervención del gobierno a través de las carpetas de investigación y las denuncias por la vía administrativa.

Sabemos que los perros son las principales víctimas de maltrato animal en el Estado de México, que 90 % de las denuncias por maltrato animal, se refieren a los animales de compañía como perros y gatos, y en algunos otros casos con equinos.

En las ultimas semanas se ha visto cómo incrementa el número de casos de maltrato animal, casos verdaderamente inhumanos que, incluso, se dan en todos los niveles socioeconómicos como el “correr de una casa de ricos” a un perro porque ladra mucho o porque estorba o porque llegó otro más pequeño, así se las gasta la gente y, desgraciadamente, falta conciencia, personal, dinero, y voluntad para recoger a todos esos animalitos y ponerlos en adopción.

Es urgente que las autoridades se pongan a trabajar más a fondo en el tema de maltrato animal, y concientizar a las personas del trato que se les debe dar a estos seres inocentes y sí, recrudecer las penas en contra de los agresores de animales, víctimas silenciosas de ¡los verdaderos animales! en este país y, la mejor manera de ayudarlos, sin lugar a dudas, es ¡denunciando!…

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