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Reforma constitucional de 3 de 3 contra violencia de género, acto de justicia social

La reciente Reforma que elevó a rango constitucional la medida 3 de 3 contra la violencia de género constituye un acto de justicia social, coincidieron Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), legisladoras y expertas en la materia.

Al inaugurar el Foro La 3 de 3 contra la violencia en el marco de la Reforma constitucional, la Consejera Dania Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, aseguró: “juntas somos más fuertes, tenemos que seguir trabajando en conjunto”.

El camino recorrido para llegar a esta Reforma constitucional, sin lugar a dudas no fue sencillo, pero refrenda dos ideas principales: “lo primero es la sororidad, ese acompañamiento entre las mujeres en donde tengamos puntos de confluencia para sacar adelante los derechos de otras mujeres”, estableció.

También, agregó, el trabajo conjunto con las instituciones: “Me parece que hace énfasis en el hecho de que es importante que las mujeres lleguen a los cargos públicos y a todas las instituciones”.

La Consejera Ravel enfatizó que impedir que personas violentadoras lleguen a los cargos públicos, no es algo menor, sino que se trata de un tema de justicia elemental.

Consideró de vital importancia elevar la exigencia ética de las personas que están en puestos de toma de decisiones, pero también se debe combatir la impunidad, “porque sí creo que una persona que suele violentar y que tiene además poder, tiene muchísimas más posibilidades de que exista impunidad en sus casos, que se pueda abstraer a la acción de la justicia y, entonces, simplemente no se castiguen los actos que cometa, posiblemente, desde un puesto público incluso”.

Erradicar violencia de género no es un asunto sólo de mujeres

Durante el primer panel del foro titulado La implementación de la medida “3 de 3 contra la violencia y su relevancia constitucional”, la Consejera Norma Irene De la Cruz Magaña, explicó que la Reforma establece que las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los siguientes supuestos:

“Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.

Ante Aurora Aguilar Rodríguez del Colectivo 50+1, las diputadas federales Blanca Alcalá Ruiz y Aleida Alavez Ruiz, así como la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, De la Cruz recalcó que erradicar las violencias de género contra las mujeres implica el trabajo de todas las instituciones del Estado mexicano, es decir, no es sólo un asunto de mujeres.

La Consejera resaltó que, con esta Reforma, México se pone a la vanguardia en América Latina. No obstante, si bien se celebra el avance que se ha dado en el reconocimiento para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “seguimos viviendo en el país de las alertas de género, de los 10 feminicidios al día, de las 15 niñas y adolescentes desaparecidas”. Es decir, queda mucho trabajo por hacer, concluyó.

El panel fue moderado por la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor Dessiré León Hernández, quien sostuvo que este Foro aspira a que toda autoridad que sea electa tenga una responsabilidad con la vida de las mujeres, que tiene que ver con asegurar que el derecho a una vida libre de violencia sea una realidad y no una narrativa más.

 

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