Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de buscadoras, presentaron una demanda contra Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, así como a las 32 fiscalías estatales, junto con sus respectivas fiscalías especializadas en desaparición forzada, el recurso judicial cuestiona la falta de interconexión en tiempo real de las bases de datos de las fiscalías con el Banco Nacional de Datos Forenses, situación que, de acuerdo con las promoventes, obliga a las autoridades a realizar confrontas de ADN mediante solicitudes y oficios entre instituciones, en lugar de contar con un sistema nacional conectado.
