Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga llevaban cinco años bajo una ficha roja de Interpol cuando el organismo determinó cancelarla, con efecto a partir del 25 de septiembre. La decisión responde a una solicitud que la defensa de la pareja presentó el 13 de octubre de 2025 y se sostiene en cuatro argumentos centrales que ponen en entredicho el propio proceso judicial mexicano. La notificación formal llegó a la pareja casi un año después de que sus abogados plantearan ante el comité de Interpol que el caso violentaba los estatutos de la organización. La orden de aprehensión contra ambos, emitida en 2021, sigue vigente en México.
Los 4 argumentos de la defensa
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista Arturo Ángel en Milenio, el primer argumento de la defensa apunta directamente al estatuto fundacional de Interpol. Los abogados de Álvarez Puga y Gómez Mont sostienen que el caso tiene una motivación política, lo que violaría el artículo 3 de la Constitución de la organización, que prohíbe intervenir en asuntos de esa naturaleza.
