Colapsada por recortes presupuestales, oficinas saturadas y un desmantelamiento operativo sistemático, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) convierte el derecho al asilo en un laberinto donde las personas en movilidad quedan atrapadas hasta dos años solo para conseguir una cita de entrevista.
En el papel, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político promete un trámite ágil, certeza jurídica y un puerto seguro para quienes huyen de la violencia en sus países, pero en esta ciudad de Chiapas, la realidad es una trampa de asfixia institucional.
