Organismos internacionales como ACNUR, la Relatoría Especial de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ven una situación grave el desplazamiento de miles de familias en México por causa de la violencia y amagos de grupos criminales, lo que ha provocado que quienes viven esta pesadilla no accedan por completo a programas de alimentación, educación y salud.
Además ven insuficiente la ayuda de los tres niveles del gobierno por la falta de un marco legal federal único, al no existir un registro oficial de desplazados y ni un presupuesto específico para atender este problema.
