Por Karina A. Rocha Priego
Ante el crecimiento sostenido de la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas del Estado de México, las autoridades federales y estatales activaron desde finales de 2024 una serie de operativos orientados a desmantelar redes de corrupción enquistadas en gobiernos municipales, estas acciones han sido presentadas como un esfuerzo coordinado para recuperar el control institucional y frenar la colusión entre servidores públicos y estructuras criminales, sin embargo, sus alcances y omisiones revelan una estrategia desigual.
El eje central de esta ofensiva ha sido el llamado Operativo Enjambre, concebido para investigar y detener a funcionarios municipales presuntamente coludidos con organizaciones delictivas, su ejecución incluyó cateos simultáneos, órdenes de aprehensión y la participación directa de corporaciones federales, lo que dejó al descubierto la profundidad del problema y la fragilidad de los controles internos en distintos ayuntamientos del estado.
Los resultados hasta ahora muestran la detención de entre 59 y 60 servidores públicos, entre policías municipales, mandos de seguridad, funcionarios administrativos y presidentes municipales, los delitos que se les imputan van desde extorsión y secuestro exprés hasta homicidio, abuso de autoridad y participación directa en estructuras criminales que operaban bajo el amparo institucional.
Entre los casos más visibles se encuentra la detención de la presidenta municipal de Amanalco de Becerra, así como la captura de directores de Seguridad Pública en municipios considerados estratégicos, a ello se suman aprehensiones de personal de alto rango en áreas clave de seguridad y administración, confirmando que la corrupción no se limitaba a operadores menores sino que alcanzaba niveles de decisión.
Pese a estos avances, el combate está lejos de cerrarse, la Fiscalía mantiene órdenes de aprehensión vigentes contra servidores públicos que no han sido localizados, incluidas presidentas municipales en funciones y ex funcionarias señaladas por su presunta participación en redes de corrupción, personas que continúan prófugas y exhiben los límites reales del saneamiento institucional.
En paralelo, permanecen abiertas más de cien investigaciones adicionales contra servidores públicos y expedientes por policías apócrifos y suplantación de funciones, no obstante, resulta imposible ignorar que municipios como Valle de Bravo, donde crecen denuncias por abusos y presencia del crimen organizado, permanecen al margen de cualquier acción contundente, alimentando la percepción de que ese enclave turístico goza de un blindaje gubernamental que lo mantiene fuera del alcance de la justicia.
Valle de Bravo, el territorio donde la ley no entra
En el Estado de México el discurso oficial presume un combate frontal al crimen organizado, pero basta observar el mapa real del poder para advertir una aplicación selectiva de la ley, hay regiones donde la autoridad actúa con fuerza y otras donde, de facto, está impedida de hacerlo, Valle de Bravo encaja con precisión en este último escenario.
La zona suroeste del estado vive, desde hace años, bajo la presencia visible de grupos criminales que controlan actividades económicas, imponen cuotas, intimidan a comerciantes y administran el miedo cotidiano, no se trata de hechos aislados ni de rumores recientes, las denuncias públicas y privadas se han acumulado sin que ello detone una respuesta institucional proporcional.
No es falta de información ni carencia de recursos, es una decisión política, mientras en otros municipios se despliegan operativos, se ejecutan órdenes de aprehensión y se exhibe a funcionarios coludidos con el delito, en Valle de Bravo la inacción es la constante, no hay cateos relevantes, no hay detenciones de alto impacto, no hay investigaciones visibles que expliquen por qué este municipio parece fuera del radar.
En el ámbito político local circula desde hace tiempo una versión incómoda, la posible cercanía entre los grupos criminales que dominan la región y la alcaldesa morenista Michelle Núñez, no existen resoluciones judiciales que lo confirmen, pero tampoco investigaciones serias que lo descarten, y en política la omisión también comunica.
La sospecha se profundiza por la relación de la presidenta municipal con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, uno de los funcionarios con mayor peso en la estructura estatal, esa cercanía ha alimentado la percepción de que Valle de Bravo cuenta con un blindaje político que inhibe cualquier intento de intervención.
Las consecuencias son claras y peligrosas, cuando el Estado decide no actuar, el crimen ocupa el espacio, gobierna sin uniforme y normaliza la ilegalidad, que esto ocurra en un destino turístico emblemático no es menor, es una señal de captura institucional.
La justicia selectiva no solo es injusta, es un mensaje devastador, hay territorios negociables y autoridades intocables, mientras esa lógica prevalezca, el combate al crimen organizado seguirá siendo retórica, en Valle de Bravo no falta autoridad, lo que sobra es silencio.
Tequila en El Altiplano, Valle de Bravo en la impunidad
La diferencia entre un Estado que aplica la ley y uno que la administra según conveniencias políticas se mide en kilómetros, pero sobre todo en voluntades. Tequila, Jalisco, y Valle de Bravo, Estado de México, ofrecen hoy el contraste más incómodo del combate al crimen organizado en el país ya que, en uno, el alcalde terminó en un penal de alta seguridad, y en el otro, la justicia simplemente no llega.
En Tequila, las autoridades federales y estatales actuaro, investigaron, integraron carpetas, ejecutaron órdenes de aprehensión y detuvieron al alcalde Diego Rivera Navarro, militante de Morena, acusado de extorsión, delincuencia organizada, vínculos con el CJNG, secuestro y abuso de poder.
Aquí, no importó el partido, no importó el cargo, no importó el costo político, el mensaje fue claro: cuando hay elementos, se actúa y hoy, Diego Rivera Navarro, duerme en El Altiplano.
El caso contrasta de forma brutal con lo que ocurre en Valle de Bravo, pues en este municipio mexiquense, destino turístico de élite y escaparate internacional, la presencia del crimen organizado es un secreto a voces: extorsiones, control de actividades económicas, amenazas y abusos forman parte del día a día, lo que deriva en denuncias, señalamientos constantes y la percepción de captura territorial crece, sin embargo, no hay operativos, no hay detenciones de alto nivel, no hay investigaciones visibles.
Mientras en el Estado de México se presume el Operativo Enjambre con la detención de decenas de servidores públicos en distintos municipios, Valle de Bravo permanece intacto, ajeno, blindado, no es que ahí no haya problemas, es que ahí parece haber protección política, denotando que la justicia avanza hasta donde se le permite, y Valle de Bravo es la frontera que no se cruza.
La narrativa local apunta a presuntos vínculos entre el poder municipal y grupos criminales, versiones que no han sido aclaradas ni desmentidas con investigaciones serias, pero el elemento que explica el silencio es político y la cercanía de la alcaldesa con figuras clave del gobierno estatal ha alimentado la idea de que ese territorio es intocable, un municipio donde aplicar la ley resulta inconveniente.
La comparación es devastadora pues, mientras en Jalisco, un alcalde cae y el Estado recupera control, en el Estado de México, un municipio entero parece fuera del alcance de la ley y esa, queridos lectores, no es una falla menor, es una señal de justicia selectiva.
Porque cuando la ley se aplica solo donde conviene, deja de ser ley y se convierte en simulación y hoy, mientras Tequila demuestra que sí se puede actuar contra el poder corrupto, Valle de Bravo confirma que, en algunos lugares, el crimen no gobierna solo, gobierna acompañado del silencio oficial.
