De acuerdo con la Cámara Minera de México, (Camimex), las empresas del sector, al operar en zonas alejadas de los centros urbanos, son un blanco susceptible de delitos de diversa índole, desde el robo en instalaciones, hasta el asalto en el transporte de material, pasando por otra amplia gama de ilícitos que afectan a la propiedad y a las personas.
Eso obliga a las compañías a desviar recursos para seguridad privada, rubro en el que en 2024 destinaron 105.7 millones de dólares y prevén que cuando cierren las cuentas de 2025 hayan desembolsado por ese concepto 108.7 millones de dólares.
