La nueva depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha abierto una crisis de credibilidad que expone fallas estructurales en el Estado mexicano, particularmente en las fiscalías.
Las buscadoras acusan que el enfoque gubernamental se ha centrado en “limpiar” números más que en diseñar estrategias efectivas de búsqueda. Para ellas, reducir la cifra a 43 mil desaparecidos no solo es inexacto, sino una forma de invisibilizar a miles de víctimas.
