La denuncia de corrupción en la Secretaría de Marina, expuesta por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar antes de ser asesinado en noviembre de 2024, pone en la mira el destino de quienes alertan sobre el huachicol fiscal en aduanas marítimas mexicanas, el caso revela una estructura donde mando naval, empresarios y autoridades participaron en el tráfico clandestino de combustible, generando ganancias de miles de millones de pesos y dejando a testigos clave en situación de alto riesgo.
Tras sus denuncias, Guerrero asumió la subinspección administrativa en la Región Naval de Puerto Chiapas, en octubre se reunió con el nuevo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, pidió licencia para permanecer unos días en Manzanillo, Colima, el 8 de noviembre, último día de su permiso, sicarios en motocicleta lo asesinaron.
