A un año de las elecciones judiciales, al menos 200 jueces y magistrados removidos para dar paso los ganadores de la contienda continúan sin recibir el pago extraordinario previsto en la reforma constitucional como compensación por su cese.
A pesar de tener entre 15 y 40 años de servicio y sin que mediara una causa grave, los juzgadores se encuentran sin empleo, sin prestaciones y sin finiquito, algunos en edad avanzada o con problemas de salud enfrentan también la prohibición de ejercer durante dos años su profesión, en la jurisdicción donde trabajaban.
Su situación permanece en un impasse jurídico y político que ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 700 juzgadores que litigan aún contra la reforma y sus diversos efectos, como los ceses, la afectación a la justicia o a la independencia judicial advierte María Emilia Molina, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
