El sector empresarial del país expresó su preocupación ante la iniciativa de reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su paquete de 20 leyes, y que ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la semanada pasada.
Al expresar su postura ante este polémico proceso judicial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió el impacto potencial de esta reforma pues representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
Alertó que esta reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto.
