Las alertas están encendidas de nueva cuenta al interior de la papa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), luego de darse a conocer la reciente denuncia penal contra Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa, con la cual se ha dejado al descubierto un preocupante entramado de corrupción y posible lavado de dinero en el sector energético mexicano.
La situación preocupa a las autoridades mexicanas en el sector de energía toda vez que no solo pone en tela de juicio la integridad de los contratos otorgados por Pemex, sino que también expone las vulnerabilidades del sistema de supervisión y control en una de las empresas más importantes del país.
Se sabe a través de fuentes cercanas al demandado que Sánchez Zumaya ha sido acusado de operar una red que habría desviado más de 15 mil millones de pesos a través de contratos irregulares con Pemex entre 2022 y 2024, específicamente para el suministro de materias primas utilizadas en el procesamiento de combustibles. La denuncia, presentada ante la Fiscalía de Tabasco, señala que la empresa Petrogesa recibió asignaciones directas por más de 520 millones de pesos para mantenimiento y reparaciones en instalaciones petroleras. Este tipo de contratos, otorgados sin licitación pública, son un terreno fértil para la corrupción y el abuso.
