Tras la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, hace 32 años y vigente aún, se concesionó prácticamente toda el agua del país a particulares, y de 1992 a 2003 el número de permisos pasó de 2 mil 600 a 360 mil. Ante esta política neoliberal, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que se prevé anuncie esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscará darles orden y una mejor distribución del vital líquido.
Fuentes cercanas adelantan que el gobierno propondrá reformar esta ley, que se ha tratado de modificar desde 2013, para que no haya más transmisiones entre particulares bajo el sustento: el agua pertenece a la nación.
Además, tratará de emitir un decreto de facilidades para regularizar las concesiones que se encuentren vencidas, siempre y cuando cumplan con la ley; de igual manera presentará la plataforma Agua para el Bienestar, cuya finalidad es permitir la digitalización y simplificación de trámites, así como combatir la corrupción.
