El panorama luce complicado y podría generar consecuencias que afecten la credibilidad financiera del país, toda vez que para el próximo año, las oficinas gubernamentales encargadas de la prevención y combate al blanqueo de capitales, tendrían una reducción en su presupuesto, respecto a lo aprobado para este 2024, lo cual podría afectar al país en el marco de una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, para el próximo año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, tendría un presupuesto de 163 millones de pesos, es decir, una reducción en términos reales de 19.7% respecto a lo aprobado para este año.
De igual manera, las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) encargadas de la investigación y combate a los delitos financieros, también tendrían una reducción marginal en su presupuesto. Según el PEF 2025, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero tendría una partida asignada de 46 millones de pesos, es decir una reducción real de 0.5% respecto a lo aprobado este 2024.
