Las denuncias no se han detenido y las voces tampoco, tanto así que han alertado a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones pertinentes para aclarar tales acusaciones que afectan al Poder Judicial de Chiapas.
De entrada ahora se ponen al descubierto a peritos de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas (FGE), que sin tener los estudios y las certificaciones necesarias realizan dictámenes favoreciendo a empresarios coludidos con redes de corrupción judicial, extorsión, lavado de dinero y trata de personas en la entidad.
Y de inmediato llegan las acusaciones directas. Un ejemplo emblemático de este fenómeno es el juicio 432/2010, un caso que, por la manipulación de jueces, magistrados y peritos, transformó un adeudo inicial de 711 mil pesos, derivado de un conflicto vecinal sobre la colindancia de un muro de apenas 35 metros cuadrados, en una deuda multimillonaria de 3 mil millones de pesos.
Entre los principales implicados en este caso de corrupción se encuentran Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la jueza Ángeles Guadalupe Mendoza; y los magistrados María Itzel Ballinas Barboza, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes; además del empresario Francisco Echeverría Blanco, propietario del terreno colindante al hotel Marriott en Tuxtla Gutiérrez.
