Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE) e implicada en traspasos que beneficiaron a Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), continúa libre y sin afrontar diversas imputaciones surgidas desde hace ocho años, cuando se reveló el remate del patrimonio público de Quintana Roo a precios irrisorios.
Aquellos actos de interés público generaron carpetas de investigación por los delitos de cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública, entre otros. La principal imputación que se le hace a Romanillos es presuntamente utilizar el cargo para comercializar predios de gran valor a precios de remate, para favorecer a allegados políticos y familiares del exgobernador Roberto Borge Angulo.
Las denuncias fueron interpuestas por la administración del sucesor de Borge, Carlos Joaquín González, exgobernador de esta entidad y actual embajador de México en Canadá.
Una fuente de la Fiscalía del estado consultada asegura que hasta ahora no han podido detener a la exservidora pública.
