Por Karina A. Rocha Priego
El tema que tocaremos hoy, hasta donde sabemos ¡no es nuevo!, sin embargo, es un tema que, aunque el Gobierno Federal asegure “tiene otros datos”, debe ser considerado muy seriamente, pues resulta que quien tiene el control de Morena, está siendo señalado hasta por narcotráfico.
Sí, queridos lectores, según se dio a conocer recientemente, dicen existe evidencia suficiente para procesar por narcotráfico en la Corte de Nueva York a Mario Delgado Carrillo, quien, al parecer, benefició a gobernadores, diputados federales y estatales en las elecciones de junio de 2021 en México.
A Mario Delgado, lo acusan de fraguar, con dinero del crimen organizado las corruptelas para que Morena ganara las elecciones de 2021 desde gobernadores, presidentes municipales y diputaciones federales y locales por ese partido político.
Pero lo interesante de este asunto es que en 2021, la DEA hizo saber al gobierno mexicano sobre una investigación contra Sergio Carmona Angulo, señalado como presunto operador de Mario Delgado, sin embargo, resulta que el sujeto en cuestión ¡fue asesinado!, dos semanas después de que se diera a conocer dicha investigación. ¿Casualidad?.
Peor aún, se dice que luego del asesinato de Sergio, Julio Carmona Ángulo huye hacia Estados Unidos y declara ante el FBI y DEA, saliendo a relucir que los hermanos Carmona Ángulo traficaban hidrocarburos desde 2015 en la frontera de Tamaulipas y que, en diciembre de 2018, Julio César, con 2 millones de dólares, compró el puesto de administrador en la Aduana de Reynosa, creando con ello vínculos con Morena y es quien financia, a través de dinero producto del narcotráfico principalmente, las campañas para la elección de junio de 2021 para que Morena se alzara con un triunfo rotundo.
Luego, se dijo que el FBI había iniciado una investigación por tráfico y contrabando de gasolinas y diésel robados, información que, dicen, el propio Julio César Carmona proveyó de mucha información relevante, incluyendo su relación con Mario Delgado, presidente de Morena, además, que se había dado una gran cantidad de dinero para que Mario Delgado ganara la presidencia de Morena, después, para que ganaran 15 gubernaturas y múltiples diputaciones federales, locales y ayuntamientos.
Hoy se comenta que la investigación ha alcanzado oficinas de justicia de los Estados Unidos como la Oficina del fiscal general de Texas, la DEA del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Oeste de Texas y la OEA, convirtiendo a Sergio Carmona en el personaje que todos querían desaparecer.
Sin lugar a dudas, resulta verdaderamente grave que el Gobierno de Estados Unidos siga señalando a servidores públicos mexicanos por cometer actos de narcotráfico y, peor aún, que con esas situaciones, hayan sido comprados “cargos públicos” y que con eso vendan a la población el supuesto “favoritismo” hacia Morena cuando la realidad es otra.
Si hay investigaciones en contra de Mario Delgado, que las hagan saber, que se hagan públicas y, más aún, que saquen a relucir de cuántos millones de pesos se habla para haber comprado elecciones, candidatos y cargos para subir el “rating de Morena”.
Desafortunadamente, en México, con lo que menos se cuenta, es con transparencia para desenmascarar a servidores públicos corruptos. Seguramente, el caso Delgado ha sido “encriptado” por el Gobierno Federal para evitar un “resbalón” ante los mexicanos sumisos e hipnotizados por una realidad ¡que no existe!.
Estados Unidos tiene la obligación de dar a conocer la investigación que se lleva a cabo en contra del líder nacional de Morena, y el gobierno mexicano, tiene la obligación de separar del cargo a Mario Delgado por el simple hecho de ser señalado por cometer actos de corrupción y narcotráfico. Seguramente se preguntarán, ¿por qué el Gobierno Federal tendría que tomar parte en este asunto? Porque todos saben que Mario Delgado cumple órdenes de la administración pública federal para “fortalecer a Morena” en términos de su conveniencia.
Insisto que la situación es demasiado grave como para mantenerse “en secreto”, ya que el número de muertes provocadas por el crimen organizado en este sexenio supera los 140 mil y las investigaciones al respecto son lentas o nulas, y si el crimen organizado es “solapado” por las autoridades, deben rendir cuentas a los deudos de las víctimas, no vender cargos públicos para seguir manipulado a la población en México.
Hoy, nuestras familias no están seguras ni en casa, en calles, carreteras, transporte público, establecimientos ni en las empresas.
Por lo pronto, se da a conocer una lista de presuntos involucrados en esta red de corrupción, que aún detentan un cargo público que podrían estar vinculados a Morena como: Mario Delgado Carrillo (presidente del partido), Américo Villarreal Anaya (gobernador de Tamaulipas), Marina del Pilar Ávila Olmeda (gobernadora de BC), Víctor Manuel Castro Cosío (gobernador de BCS), Alfonso Durazo Montaño (gobernador de Sonora), Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa) y Miguel Ángel Navarro Quintero (gobernador de Nayarit).
También un importante número de diputados federales y locales, presidentes municipales y empresarios vinculados, tales como Eduardo Gattás Báez (alcalde de Ciudad Madero), Erasmo González Robledo (diputado federal), Gastón Arriaga Lacorte (director de Prospera de Ciudad Madero), Maki Esther Ortiz Domínguez (expresidenta municipal de Reynosa) y Adrián Oseguera Kernion (alcalde de Ciudad Madero).
Ahora bien, dicen, tanto Francisco Javier Cabeza de Vaca (exgobernador de Tamaulipas por el PAN) como Julio César Carmona Angulo son testigos protegidos vinculados con el narcotráfico en Estados Unidos y forman parte medular de esta gran investigación, entonces, ¿por qué continúa la misma en el anonimato?.
