El gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa aprobó el establecimiento de una base militar estadounidense en las Galápagos, bajo el amparo de los tratados de cooperación firmados el 15 de febrero de 2024. Este acuerdo permite la presencia de buques, submarinos y personal militar con la justificación de combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas.
Las fuerzas estadounidenses estarán exentas de pagar tasas administrativas y reciben inmunidades diplomáticas similares a las del personal de embajadas, lo que genera controversias legales y éticas.
El Consejo de Gobierno de Galápagos, sin consulta a la comunidad, aprobó el proyecto con promesas de controles ambientales estrictos para proteger el ecosistema. Sin embargo, organizaciones sociales y ambientalistas advierten sobre los riesgos para un entorno declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. A pesar de la prohibición constitucional de bases extranjeras desde 2008, el gobierno de Noboa impulsa una reforma parcial para eliminar esta restricción.
