En dos casos, decididos en 2022 y 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Estado mexicano vulneró los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de víctimas.
En las sentencias emitidas por la CIDH se ordenó al Estado mexicano eliminar las medidas de arraigo antes de que comience el proceso y no aplicar la prisión preventiva.
Ante esto se da la propuesta dada a conocer por la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN),sobre un proyecto elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo relativo con la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
El caso se refiere a una acusación por homicidio en la que el acusado pidió que no se le aplicara la prisión preventiva y ante la negativa de un juez de penal y uno de distrito tramitó un juicio de amparo ante la SCJN.
