Ahora las investigaciones sobre supuestas anomalías apuntan hacia el Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, que registró irregularidades por 85.7 millones de pesos en la adquisición de bienes y servicios de los que no existe evidencia de que efectivamente fueron entregados o realizados, según información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Auditoría De Cumplimiento Forense 2116 de la Cuenta Pública 2022, entre las irregularidades detectadas está el pago de 42.6 millones de pesos por la instalación de albergues para migrantes que aparentemente no fueron desplegados, así como el pago de 30.3 millones de pesos por 120 vehículos arrendados, pero no recibidos.
