Por Karina A. Rocha Priego
Concluyó la Semana Santa, no así las vacaciones de cientos de miles de estudiantes que regresarán a las aulas hasta el próximo 13 de abril; sin embargo, en lo que a festejos se refiere en el Estado de México, las escenas que marcaron la Semana Santa no fueron únicamente de recogimiento ni de tradición, fueron también de descontrol, de improvisación y de una alarmante incapacidad institucional para garantizar condiciones mínimas de seguridad en eventos masivos, lo ocurrido en Xonacatlán, donde un joven que representaba a Jesús fue empujado y terminó lesionado en plena escenificación, no es un hecho aislado ni menor, es el reflejo de una organización deficiente y de autoridades ausentes que delegan la responsabilidad a la inercia comunitaria; en Tenancingo, el ingreso de un taxi a la Procesión del Silencio que dejó varios heridos, rompió no sólo el ambiente solemne, sino la frágil idea de que existe algún tipo de control sobre estos actos multitudinarios, ambos casos son síntomas de un mismo problema, la negligencia convertida en norma.
Tradiciones sin protección
Cada año, miles de personas participan en representaciones religiosas que forman parte del tejido cultural del Estado de México; sin embargo, estas expresiones colectivas siguen operando bajo esquemas de organización precarios, donde la coordinación entre autoridades municipales, estatales y cuerpos de emergencia es prácticamente inexistente, se asume que la tradición se cuida sola, que la experiencia acumulada sustituye la planeación, que la fe protege más que cualquier protocolo, y ahí es donde ocurre la tragedia, los empujones, las rutas sin control vehicular, la falta de vallas, la inexistencia de salidas de emergencia bien definidas, todo ello configura escenarios de riesgo que se repiten año tras año sin que nadie asuma responsabilidades.
Lo más grave es que estos eventos son predecibles, no hay sorpresa en la concentración de personas ni en la intensidad de las actividades, aun así, las autoridades actúan como si cada incidente fuera un accidente imprevisible, cuando en realidad se trata de fallas estructurales que podrían evitarse con planeación, inversión y voluntad política, pero eso implicaría reconocer que el problema existe, y ese reconocimiento sigue siendo incómodo para gobiernos que prefieren administrar la narrativa antes que resolver la realidad.
Operativos que no alcanzan
El despliegue de elementos de seguridad durante el periodo vacacional fue presentado como un esfuerzo contundente para proteger a la población, patrullas, uniformes y cifras infladas que buscan transmitir una sensación de control, pero la realidad el territorio cuenta otra historia, los operativos suelen concentrarse en carreteras y zonas turísticas visibles, dejando desprotegidos espacios comunitarios donde también se congregan cientos o miles de personas, la lógica es clara, se cuida lo que se ve, lo que genera percepción, no necesariamente lo que implica mayor riesgo.
La presencia policial, además, no siempre se traduce en prevención efectiva, muchos elementos carecen de capacitación específica para manejo de multitudes o atención de emergencias en eventos masivos, su función se limita a vigilar, no a anticipar, no a coordinar, no a intervenir con estrategia, el resultado es una seguridad reactiva que llega tarde, que actúa cuando el daño ya está hecho, y que después se diluye en reportes oficiales que minimizan los hechos.
Economía estancada en días “Santos”
Mientras el discurso oficial insistía en la expectativa de una derrama económica significativa, la realidad para muchos comerciantes en el Valle de Toluca fue distinta, locales vacíos, ventas a la baja, calles con menos afluencia de la prevista, la Semana Santa no detonó el consumo que se había prometido, y eso también habla de un problema más profundo, la desconexión entre las estrategias gubernamentales y las dinámicas reales de la población.
El turismo interno no logró compensar la salida de habitantes hacia otros destinos, ni la preferencia por actividades de bajo costo, la economía local quedó atrapada entre expectativas infladas y resultados pobres, y como suele ocurrir, el impacto negativo se trasladó a los pequeños negocios, aquellos que dependen del flujo cotidiano y que no cuentan con respaldo ni incentivos para resistir temporadas bajas, la narrativa de éxito económico se construye desde el escritorio, pero en la calle lo que se percibe es otra cosa, incertidumbre, pérdidas y abandono.
Pero tampoco podemos culpar del todo a las autoridades, desafortunadamente, la inercia de los ciudadanos de dejar las ciudades para vacacionar en playas, un hecho que no se puede romper tan fácilmente.
Movilidad de alto riesgo
El periodo vacacional también volvió a evidenciar los riesgos en materia de movilidad, carreteras saturadas, conductores cansados, exceso de velocidad y una cultura vial que sigue siendo profundamente deficiente, aunque cada año se repiten las campañas de prevención, el mensaje no logra traducirse en cambios de comportamiento, y eso se debe en parte a la falta de una estrategia integral que combine educación, vigilancia efectiva y sanciones reales.
La movilidad en el Estado de México no sólo es un tema de infraestructura, es un problema de gobernanza, de coordinación entre niveles de gobierno, de prioridades mal definidas, mientras se invierte en proyectos de alto impacto mediático, se descuidan aspectos básicos como la señalización, el mantenimiento de vías secundarias y la supervisión constante, el resultado es un sistema vulnerable que se vuelve aún más frágil en temporadas de alta demanda.
La fe no sustituye al Estado
La constante en todos estos elementos es la ausencia de una autoridad que asuma plenamente su papel, se delega en la ciudadanía, en la tradición, en la costumbre, en la buena voluntad, pero el Estado no puede operar bajo esa lógica, su responsabilidad es garantizar condiciones de seguridad, de orden y de bienestar, incluso en contextos donde la organización comunitaria tiene un peso importante.
Semana Santa debería ser una oportunidad para fortalecer la convivencia, para impulsar la economía local y para demostrar capacidad institucional, pero en el Estado de México terminó siendo un recordatorio de las carencias que persisten, de la improvisación que se repite y de la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
Normalizar el riesgo
Quizá lo más preocupante no son los incidentes en sí mismos, sino la rapidez con la que se normalizan, pasan a formar parte de la anécdota, se diluyen en la conversación pública, se olvidan hasta el siguiente año, y en ese ciclo de olvido se perpetúa la falta de cambios, la ausencia de consecuencias, la continuidad de prácticas deficientes.
Romper con esa inercia implica más que operativos temporales o declaraciones optimistas, requiere una revisión profunda de cómo se planifican, coordinan y ejecutan las acciones en eventos masivos, implica reconocer errores, asignar responsabilidades y construir mecanismos que realmente reduzcan riesgos, no que solo administren crisis.
Semana Santa en el Estado de México dejó claro que la fe sigue siendo un elemento central en la vida social, pero también que la fe, por sí sola, no protege de la negligencia, no ordena el tránsito, no sustituye protocolos ni corrige omisiones, para eso está el Estado, y mientras ese Estado siga llegando tarde, los incidentes dejarán de ser excepciones para convertirse en parte del paisaje habitual, uno cada vez más peligroso, uno cada vez más difícil de justificar.
