De pronto se prenden las alertas, hay intranquilidad y preocupación entre los magistrados, una vez que se adelanta que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a más de 127 mil personas en inestabilidad laboral y no contempla costos asociados a conflictos legales, pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de las 6 mil 711 personas juzgadoras y magistradas de los estados y la Federación que podrían perder su trabajo de aprobarse esta iniciativa.
Datos de los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resumen que en 2023 los poderes judiciales locales se componían de 73 mil personas servidoras públicas, mientras que el Poder Judicial de la Federación era la fuente de empleo para 54 mil 388 personas.