A una semana del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la iglesia católica demandó por segunda ocasión acciones efectivas para cuidar la vida de quienes luchan por la paz y la justicia en México.
La demanda de seguridad para los defensores de los derechos humanos y líderes religiosos respaldó la exigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitida horas después de que el padre Marcelo fue asesinado y la cual hasta ahora, no ha tenido una respuesta oficial por algún orden de gobierno.
El clero católico también reprochó que las denuncias públicas del sacerdote de origen indígena en cuanto a la elevada inseguridad en la zona donde predicaba “no fueron escuchadas ni atendidas con determinación por las autoridades”, con todo y que el sacerdote contaba con medidas cautelares.