“Aquí está la publicación de la Gaceta de hoy donde aparece la reforma para incorporar el delito de transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México. (…) Con ello, no solo se hace una reforma formal, sino que se envía un mensaje claro a la sociedad: la violencia contra las mujeres trans no será tolerada en la Ciudad de México”, subrayó.
Ante activistas y personas trans reunidas en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario explicó que la también llamada “Ley Paola Buenrostro” fue aprobada por el Congreso capitalino el 18 de julio pasado e incluye cambios al Código Penal y Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas, todos de la Ciudad de México.
De esta forma, añadió, se define el transfeminicidio como el delito que comete quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género; además, las personas sentenciadas por transfeminicidio serán añadidas por un lapso de 10 a 30 años en el Registro de Personas Agresores Sexuales.
“Entre estas reformas hay un punto clave, que es la sanción, no toda la reforma es la sanción, pero este es un punto muy importante. El homicidio se castiga, de acuerdo al Código Penal, con una pena que va de ocho a 20 años de prisión; el homicidio calificado, es el que tiene agravantes, se castiga con una pena que va de 20 a 50 años de prisión. Quiero comentarles que el transfeminicidio se castigará con una pena que va de 35 a 70 años de prisión, o sea, la pena, la sanción, el castigo es mucho mayor”, destacó.
La pena, dijo, se agravará hasta en una tercera parte de la sanción, cuando la víctima presente señales de saña relacionadas con su identidad o expresión de género; cuando el delito sea cometido en el contexto de trabajo sexual; cuando sea cometido por dos o más personas; cuando sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco, afectivo, laboral o de confianza; cuando la víctima sea menor de edad, adolescente, persona con discapacidad o persona adulta mayor; cuando la víctima sea una persona en situación de calle, y cuando haya recibido amenazas de muerte relacionadas con su identidad o expresión de género, ya sea de forma presencial o virtual.
Martí Batres señaló que la “Ley Paola Buenrostro” fortalece el sistema penal y fue impulsada desde abajo por organizaciones, activistas y colectivos trans, además de avanzar en el Congreso local hasta su aprobación gracias al trabajo de los legisladores Temístocles Villanueva y Ana Francis López Bayghen Patiño.
“Con esta determinación, en efecto, la Ciudad de México avanza en la construcción de garantías de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Es un logro crucial por diversas razones: porque visibiliza una violencia particular que enfrentan las mujeres trans; porque esta tipificación contribuye a eliminar las barreras culturales, sociales, políticas, judiciales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos; porque se establecen penas más severas y se facilita la persecución de los responsables; porque es un paso importante hacia la igualdad y la inclusión; y, porque también se reconocen los derechos y la dignidad de las mujeres trans”, agregó.
El mandatario aseguró que el gobierno está obligado a escuchar, por lo que se comprometió a atender los reclamos y quejas externadas por la comunidad trans para garantizar sus derechos y una vida libre de violencia.
