Desde 2005, la Federación, primero a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y desde 2025 con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, inhabilitó a las 2 mil 406 empresas por periodos que van de tres meses a dos años, y se impusieron multas económicas por un total de 2 mil 182 millones 886 mil 282 pesos.
En todos los casos, las personas morales proporcionaron información falsa para obtener una adjudicación y recibir el pago de contratos multimillonarios.
