En esta primera edición del Índice de Integridad de Proveedores del Estado 2025(IIPE), la calificación promedio fue de 56 puntos sobre un máximo de 100, mostrando un rezago importante en la implementación de programas de cumplimiento y políticas relacionadas con el comportamiento ético de las compañías.
Ninguna de las 100 empresas obtuvo el máximo puntaje posible y 46 de ellas tienen una calificación reprobatoria, inferior a 60 puntos.
Además, 27 compañías no cumplieron con alguno de los criterios indispensables para ser proveedores del gobierno, tales como tener un registro como proveedor o una dirección física verificable.
