A pesar de que la reforma constitucional en materia energética aprobada por la Cámara de Diputados permite la participación privada, los cambios no aportan certidumbre para las inversiones y sí son un riesgo para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y para las finanzas públicas, consideran analistas.
Advierten que la redefinición de Pemex y CFE como empresas públicas les hará más proclives a las pérdidas y dará a la estatal eléctrica el control del sistema con lo que se abre la puerta de conflictos de interés.
El dictamen aprobado por una amplia mayoría oficialista en el pleno de la Cámara de Diputados establece que, tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Petróleos Mexicanos (Pemex) serán empresas públicas y dejando la categoría de empresas productivas del Estado.
