La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias.
“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
Acompañada de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como de los consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez y Bernardo Bátiz Vázquez, junto con la Magistrada Taissia Cruz Parcero, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de La Corte y el Juez Antonio González García, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del CJF; la ministra presidenta recibió ayer a la delegación del GTDA, a más de 20 años de su última visita a México.
Asimismo, aseguró que el PJF ha tomado atenta nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, este Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias. Anunció que entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
