Grupos civiles se preparan para intensificar la batalla contra el multimillonario negocio de los centros de detención de migrantes -plagados de denuncias por las malas condiciones en las que operan-, que tendrán que expandir drásticamente su capacidad para facilitar el plan de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump.
“Todo ese plan de ampliar las cárceles solo va a causar más muertes, enfermedades y daño psicológico entre los migrantes”, advirtió Rufina Reyes, portavoz de La Resistencia, organización que ha liderado los pedidos de cierre del Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma (Washington), donde el mes pasado murió el mexicano José Manuel Sánchez Castro.
La nueva Administración, que asume en enero próximo, ya ha comenzado a hablar con las compañías privadas que operan los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad, según reportaron fuentes familiarizadas con la planificación al canal NBC.
La idea inicial es duplicar las 41 mil camas habilitadas actualmente por el Congreso para mantener bajo custodia a los migrantes en proceso de deportación.
