La Primera Sala de la Corte otorgó la protección de la justicia mediante un amparo a víctimas de la llamada “Guerra Sucia”, una serie de represiones de protestas sociales por parte de agentes del estado entre las décadas 60 y 80.
El proyecto a cargo del ministro Alcántara Carrancá fue aprobado por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, del ministro Gutiérrez Ortíz Mena.
Con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar los hechos ocurridos mediante la norma internacional referente a crímenes de lesa humanidad.
Con ello, agentes del estado implicados en la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad —no solo tortura— contra ciudadanos inmersos en movimientos sociales podrían recibir mayores castigos penales.
