La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), administrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha generado preocupación en el gobierno federal, especialmente en la entidad dirigida por Pablo Gómez Álvarez.
Esta resolución permite que los jueces de amparo puedan conceder la eliminación provisional de personas o empresas incluidas en dicha lista al otorgar suspensiones provisionales.
Esto significa que cualquier individuo o entidad enlistada podría desbloquear sus cuentas bancarias y seguir operando en el sistema financiero aun cuando existan sospechas de vínculos con delitos financieros.
Sobre esta controvertida decisión, la SCJN, con el voto de tres de sus cinco integrantes, desarrolló una jurisprudencia que otorga la posibilidad de que, mediante un amparo, se excluya temporalmente a personas físicas o morales de la lista de la UIF. De esta forma, los sujetos afectados pueden tener acceso inmediato a sus fondos sin que necesariamente se demuestre la lícita procedencia de estos recursos.
