Con los cambios a la ley para prevenir la trata, los costos de los servicios de seguridad privada se elevaron entre 25% y 30%, de acuerdo con Daniel Espinoza, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
El mayor costo, contó en entrevista, surge luego de la reforma a Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que ahora impide que los guardias de seguridad hagan jornadas de trabajo extensas, como era habitual. “Ahora deben laborar sin rebasar 48 horas semanales”, expuso.
Las sanciones para las compañías cuyas jornadas superen lo establecido por la Ley Federal del Trabajo son de 3 a 10 años de prisión y una multa de 5 mil a 50 mil días.
