Por Karina A. Rocha Priego
¿No que no temblaban? A pesar de las declaraciones de «supuesta calma» en torno a la tan esperada declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, el gobierno federal ya se prepara para el primer golpe que habrá de lanzar el Gobierno de Estados Unidos contra los muchos políticos -la gran mayoría morenistas- involucrados con el narcotráfico.
Definitivamente, la confesión de Ovidio Guzmán y no solo una admisión de culpa individual, sino una detonación controlada en el corazón del sistema político mexicano, pues su declaración ante la justicia de Estados Unidos, en la que acepta cargos ligados al narcotráfico y blanqueo de dinero, marca un antes y un después en la relación entre el crimen organizado y el poder público.
Sin embargo, hablar de «una culpa personal» no tendría gran relevancia, pero si lo que el acusado empieza a «compartir» con las autoridades norteamericanas, abriendo con ello grietas muy profundas, en la estructura de Morena y de quienes, bajo su manto, construyeron una fachada de legalidad que encubría pactos con el narco.
Las consecuencias de este proceso no serán solamente judiciales, serán también políticas, sociales y diplomáticas ya que, si bien es cierto que la declaración de culpabilidad de Ovidio no implica solo un castigo personal, no deja de ser un punto de partida para desbaratar una red de complicidades que toca a funcionarios en activo, gobernadores, altos mandos militares y, sobre todo, servidores públicos del partido en el poder.
No se trata de suposiciones, se trata de datos, rutas, cuentas bancarias, grabaciones, testimonios cruzados y transferencias que conectan a personajes públicos con operadores del narcotráfico.
Ovidio ha comenzado a detallar cómo, en los últimos años, el Cártel de Sinaloa amplió su margen de operación gracias a una política de «tolerancia negociada» impulsada desde distintos niveles del gobierno mexicano.
La narrativa oficial de «abrazos, no balazos» dejó de ser una frase polémica y se convirtió en evidencia clave en un juicio que buscará demostrar cómo se usó el discurso pacifista para abrir las puertas del poder al narco y que conste, no como infiltración, sino como alianza.
Hablar de las implicaciones que traerán las declaraciones de Ovidio Guzmán, tiene muchas aristas, una de las primeras, será la erosión de la legitimidad de Morena pues hoy por hoy, ya no son los opositores analistas los que señalan vínculos con el crimen organizado, ahora se trata de un testigo colaborador y no cualquier testigo, se trata del hijo de uno de los capos más notorios del siglo XXI, quien proporciona evidencia directa que vincula a miembros del partido con financiamiento ilegal, protección institucional y operaciones de lavado de dinero y no será una acusación genérica, serán señalamientos con nombre, fecha y cuenta bancaria.
Esto abre la puerta a investigaciones binacionales que escaparán al control de las autoridades mexicanas.
Los fiscales en Estados Unidos, con el respaldo del Departamento del Tesoro y el FBI, ya trabajan en la integración de casos contra actores políticos con cargos vigentes en México y, en esta nueva etapa, la frontera judicial será una línea imaginaria, ya que las decisiones que tomen tribunales estadounidenses comenzarán a dictar el futuro político de algunos funcionarios morenistas, incluso de aquellos que hoy ocupan posiciones clave en el Congreso y en gobiernos estatales.
Otro impacto inevitable será en la esfera electoral, pues las revelaciones provenientes del juicio de Ovidio podrían deslegitimar procesos recientes y futuros, sobre todo cuando se confirme que parte de las campañas locales y estatales fueron financiadas con dinero del narco, y que existieron pactos de no intervención a cambio de apoyo logístico o económico, se abriría una discusión sobre la validez misma de los resultados electorales en ciertos estados y, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede revertir lo ya consumado, la presión social y diplomática podría desencadenar acciones legales o políticas internas inesperadas.
El efecto dominó alcanzará también a las fuerzas armadas porque, según se ha dejado saber, parte de los testimonios de Ovidio ya tocan a mandos militares que colaboraron en operaciones de traslado de droga, disfrazadas de movimientos logísticos oficiales y si estas declaraciones se fortalecen con evidencia documental o audiovisual, la institución castrense podría enfrentar una crisis de legitimidad sin precedentes, más aún cuando la relación entre el gobierno federal y el Ejército, que en este sexenio se volvió más estrecha que nunca, podría volverse un campo minado.
Durante años, Morena construyó una narrativa de combate a la corrupción, de regreso a los principios, de separación entre poder y crimen y, curiosamente, Ovidio está dinamitando esa narrativa desde adentro cuando, su voz, descompone el relato de pureza, honestidad y transformación y en su lugar, coloca un mosaico de favores, sobornos, pactos y silencios, lo hace con pruebas, no con retórica.
A esto se sumará una presión internacional sin precedentes, empezando por los Estados Unidos, ante la magnitud de los vínculos revelados, por lo que podría endurecer su postura en términos diplomáticos, financieros y comerciales, empezando porque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sería usado como herramienta de presión si se comprueba que la complicidad con el narco ha afectado la estabilidad económica o política de la región, mientras organismos internacionales de derechos humanos y transparencia podrían intensificar su escrutinio, llevando a México a un aislamiento institucional en ciertos foros multilaterales.
La reacción del gobierno mexicano será clave pues si decide proteger a los implicados, desacreditar las pruebas y utilizar el discurso de soberanía para desacreditar a Ovidio, la fractura se agravará, pero si se abre una investigación real, si hay consecuencias tangibles, si los responsables caen -sean del nivel que sean-, México podría estar frente a una dolorosa pero necesaria purga institucional.
Ovidio Guzmán no es ya solo un capo, sino un testigo clave, un instrumento geopolítico, un punto de quiebre, donde su declaración de culpabilidad no clausura una etapa: abre una mucho más peligrosa para quienes usaron al Estado para encubrir al crimen.
Por supuesto que lo que vendrá no será inmediato ni espectacular, pero será constante y definitivo, porque cuando la verdad comienza a hablar desde el banquillo de los acusados, el silencio cómplice se convierte en evidencia y entonces, ya no hay marcha atrás.
Aunque, siendo honestos, la soberbia y exceso «de confianza» de los morenistas, sobre todo de aquellos que tienen en sus manos «los hilos de sus marionetas en el poder», nublará su conciencia y son capaces de desmentir las pruebas tangibles que podrían tener en su contra, y eso, queridos lectores, ¡es lo que está esperando Estados Unidos!..
