El crimen organizado mantiene el control de precios sobre productos y servicios en al menos 10 estados de México, generando un impacto directo en la economía familiar y en las cadenas de distribución. La extorsión y la imposición de precios afectan artículos de la canasta básica, materiales de construcción, combustibles, alimentos procesados, refrescos, cerveza y útiles escolares.
