El huachicol en México tiene sus raíces en la década de los noventa cuando comenzó a detectarse, de manera sistemática, el robo de combustible a ductos de Pemex; al inicio era visto como un delito menor cometido por comunidades cercanas a las instalaciones petroleras que encontraban, en esta práctica, una manera de subsistir, sin embargo con el paso del tiempo el negocio ilícito creció, se volvió atractivo para grupos criminales y terminó por consolidarse como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, a este delito se fueron sumando prácticas como el contrabando de hidrocarburos, la corrupción de funcionarios y el lavado de dinero, el huachicol dejó de ser únicamente el robo directo de gasolina y se transformó en una industria ilegal diversificada, con presencia en varios estados del país y con redes que incluyen tanto operadores locales como estructuras criminales de alcance nacional.
¿Por qué huachicol fiscal?
Se le llama huachicol fiscal a la operación de empresas que simulan legalidad, emiten facturas falsas y utilizan permisos de importación y comercialización de combustibles ajenos a su actividad real, con esto evaden impuestos y compiten de forma desleal con quienes sí cumplen con la ley, el término huachicol alude a la adulteración y ahora se aplica al sector energético por prácticas ilegales que alteran todo el mercado.
Originalmente se usaba para referirse a la alteración de bebidas alcohólicas, donde el engaño generaba ganancias ilícitas, hoy ese modelo se replica en el ámbito fiscal, con tres pilares centrales, la emisión de facturas sin sustento real, el uso de permisos apócrifos de la Comisión Reguladora de Energía y pedimentos falsos de importación, y finalmente la venta de combustible sin pagar impuestos.
Las consecuencias son graves, Pemex y empresas legales pierden participación frente al contrabando, el Estado deja de recaudar miles de millones de pesos, los precios se ven afectados por competencia desleal y la corrupción crece dentro de aduanas y oficinas públicas donde algunos funcionarios permiten que estas redes operen sin consecuencias
El huachicol fiscal no implica perforar ductos, sino construir una fachada empresarial y legal falsa para desfalcar al erario, de ahí que el nombre sea tan acertado, porque así como antes se adulteraba el alcohol, hoy se adulteran documentos para engañar al gobierno y sostener un esquema criminal rentable.
Aduanas y el huachicol fiscal
El huachicol fiscal no podría entenderse sin la participación de las aduanas, pues en estos puntos de control se falsifica documentación que permite legalizar la importación de hidrocarburos robados, la mecánica implica la creación de empresas fantasma en el extranjero y la manipulación de manifiestos y pedimentos para evadir impuestos, esta práctica ha sido documentada al menos desde 2020 y 2021 y ha derivado en sanciones internacionales contra ciudadanos y empresas que forman parte de estas redes.
El mecanismo delictivo inicia con la conformación de compañías fachada en países como Estados Unidos, que simulan dedicarse a la importación de combustibles, en realidad su función es triangular hidrocarburos robados en México, los documentos son pieza clave, se falsifican manifiestos de carga y pedimentos de importación que otorgan una apariencia de legalidad a operaciones que, en esencia, son contrabando, con ello el combustible entra a territorio nacional y se comercializa como si fuera producto legítimo.
La triangulación permite que estas empresas extranjeras «compren» crudo o gasolina robada, la importen a México y la revendan a precios inflados, evadiendo impuestos y controles.
En 2025 las autoridades de Estados Unidos sancionaron a ciudadanos y empresas mexicanas y arrestaron a empresarios estadounidenses por participar en esta red, lo que confirma la magnitud transnacional del delito.
El huachicol fiscal es considerado contrabando de mercancías desde al menos 2021, con la detección de múltiples empresas fantasma que facilitaron estas operaciones, la evidencia demuestra que se trata de un esquema altamente sofisticado que combina corrupción en aduanas, falsificación documental y complicidad internacional, un negocio que drena recursos públicos, afecta la competencia y expone la vulnerabilidad del sistema de comercio exterior mexicano.
Horacio Duarte, ¿eslabón incómodo del huachicol fiscal?
Hoy, este negocio y las investigaciones que al respecto se llevan a cabo en México, podría afectar de manera directa al Estado de México, toda vez que estarían colocando al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, en el centro de la tormenta, y no por «conflictos locales o de interés personal», sino como presunto engranaje de una red de corrupción que, según un oficio firmado por el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, operaba desde las aduanas mexicanas con tentáculos en el huachicol fiscal, el contrabando y el financiamiento ilícito de campañas de Morena.
Por otro lado, el panista Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia que, no solo apunta a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sino también a Tania Contreras, Ricardo Peralta, Américo Villarreal Anaya y al propio Duarte Olivares y en la lista de delitos aparecen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de hidrocarburos, encubrimiento y enriquecimiento ilícito, un catálogo que por sí mismo cimbraría a cualquier gobierno.
Se dice que dicho expediente fue turnado al fiscal Efrén Serpa Gaxiola y se trata de una denuncia formal girada en 2022 por el general Sandoval, en ella se pedía al Centro Nacional de Inteligencia investigar la corrupción enquistada en las aduanas durante la gestión de Duarte Olivares al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ahí se describía la operación de una red encabezada por operadores como Juan Carlos Madero Larios, dedicada a sobornos, extorsiones y tráfico ilegal de combustibles.
Lo verdaderamente alarmante es que, al parecer, los fondos provenientes del llamado huachicol fiscal habrían sido utilizados para financiar la operación electoral de Morena, una acusación que choca de frente con la narrativa de superioridad ética del obradorismo, esta denuncia no es menor y adquiere mayor peso al llegar justo después del encuentro entre Claudia Sheinbaum y el Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio, donde se hizo un compromiso público de colaboración en temas como crimen organizado, tráfico de armas y lavado de dinero, lo cual deja al gobierno mexicano en la necesidad de probar, que sus palabras, tienen respaldo real y no son simples promesas vacías.
Es fundamental dejar algo claro, si se va a combatir la corrupción y el crimen, debe hacerse sin excepciones ni privilegios, no se puede permitir que en nombre de una supuesta justicia se sacrifiquen unos mientras se protege a otros, y es sospechoso que justo cuando aparece el nombre del hijo del expresidente López Obrador en el escándalo, de pronto comiencen a desfilar otros personajes implicados como si se buscara diluir responsabilidades.
Denuncias contra Horacio Duarte amenazan con fracturar la administración de Delfina Gómez
Recordemos que, desde lanzada a convocatoria para la gubernatura del Estado de México (2017), la figura de Horacio Duarte, hoy secretario general de Gobierno, fue considerada como «de las más fuertes» para ocupar el cargo que hoy ostenta Delfina Gómez, sin embargo, las promesas políticas de Obrador hacia Delfina se cumplieron al «regalarle» la primera magistratura del Estado de México, como lo es la gubernatura.
Sin embargo, Duarte Olivares, aguantó los designios «de su jefe», y se convirtió en uno de los hombres más cercanos a la gobernadora Gómez Álvarez, pero, hoy, éste se encuentra en el ojo de un huracán político y mediático, las denuncias que lo vinculan con huachicol fiscal, tráfico de combustibles y posibles investigaciones internacionales. no solo golpean su trayectoria personal, también ponen en riesgo la credibilidad de toda la administración estatal, el daño a la imagen de transparencia y legalidad que busca proyectar el gobierno mexiquense es inevitable y amenaza con convertirse en un lastre difícil de cargar.
El impacto no se limita a los reflectores mediáticos, la presencia de Duarte en un cargo de primer nivel dentro del gabinete, genera fricciones internas, las sospechas de corrupción alimentan divisiones y tensiones políticas que pueden minar la cohesión del equipo de trabajo de la gobernadora.
Un gabinete bajo sospecha, corre el riesgo de caer en la parálisis y de perder capacidad de respuesta ante los problemas urgentes de la entidad, la sombra de nuevas denuncias o sanciones no hace más que acrecentar este riesgo.
A nivel institucional y electoral, las acusaciones contra Duarte podrían abrir la puerta a investigaciones más profundas de la Fiscalía General de la República o de instancias internacionales, lo que colocaría a Delfina Gómez bajo un escrutinio mayor y la obligaría a dar explicaciones que desgasten su liderazgo, en un contexto donde la presión política desde la oposición y desde Estados Unidos, respecto al combate al crimen organizado es cada vez más intensa, cualquier señal de opacidad puede convertirse en un problema de legitimidad.
Sin embargo, contrasta que, por un lado, el gobierno presuma avances en seguridad como la reducción histórica del 14 por ciento en delitos contra empresas, y por otro, que estos logros queden en entredicho, si las denuncias contra Duarte toman fuerza, por lo que la percepción pública podría ser que el verdadero combustible del obradorismo mexiquense, no es la transparencia, sino el dinero manchado del huachicol fiscal, esa narrativa es letal para la credibilidad de la administración.
Lamentablemente, las denuncias contra Horacio Duarte Olivares, no son un golpe aislado, representan una amenaza estructural para la estabilidad del gobierno de Delfina Gómez, erosionan su discurso de honestidad, siembran dudas en sus logros y proyectan la imagen de una administración atrapada entre la corrupción y la impunidad.
