Por Karina A. Rocha Priego
El Estado de México tiene hoy dos fotografías de la seguridad completamente distintas, una es la que aparece en las mesas oficiales, gráficas y conferencias donde se presentan reducciones importantes en homicidios, detenciones y delitos de alto impacto, la otra está en las calles, carreteras, transporte público, negocios y colonias donde buena parte de la población continúa modificando horarios, rutas y hábitos por temor a convertirse en víctima.
Las cifras oficiales merecen reconocerse cuando muestran avances, pero también deben ser sometidas a una prueba mucho más exigente: comprobar si esas disminuciones ya son perceptibles para quienes viven diariamente en la entidad.
El Gobierno Federal reportó que el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México disminuyó 54 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, además de informar miles de detenciones y aseguramientos relacionados con delitos de alto impacto. Son resultados relevantes, pero no bastan por sí mismos para declarar resuelto un problema cuya dimensión va mucho más allá del homicidio.
El problema de gobernar con porcentajes
Una reducción estadística puede ser verdadera y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para transformar la vida cotidiana, y ahí está precisamente el punto incómodo.
Cuando una administración presume que determinado delito disminuyó 30, 40 o 50 por ciento, la primera pregunta debería ser cuántos casos continúan ocurriendo después de la reducción y dónde se concentran.
Reducir de cien a cincuenta representa un descenso de 50 por ciento, pero siguen existiendo cincuenta víctimas.
El porcentaje no debería convertirse en una cortina que impida observar el número absoluto de personas afectadas, tampoco todos los delitos tienen la misma visibilidad.
Mientras el homicidio genera registros relativamente sólidos, delitos como extorsión, robo, amenazas o cobro de piso enfrentan un problema adicional: muchas víctimas simplemente no denuncian.
Por eso, presentar únicamente carpetas de investigación como equivalente automático de la realidad puede llevar a conclusiones incompletas.
La propia estrategia de seguridad ha colocado a la extorsión entre sus prioridades y durante el periodo anterior reportó cientos de investigaciones y detenciones en el Estado de México, evidencia de que el fenómeno mantiene dimensiones suficientes para demandar atención permanente.
La percepción también cuenta
Otro termómetro que no puede ignorarse es la percepción ciudadana.
A nivel nacional, en junio de este año, 59.8 por ciento de la población adulta que vive en áreas urbanas consideraba insegura su ciudad, aunque el indicador había mejorado frente al año anterior.
Esa medición no sustituye las estadísticas delictivas, pero tampoco puede descartarse como una simple sensación sin valor.
La percepción determina decisiones concretas: personas que dejan de salir por la noche, comerciantes que cierran antes, familias que cambian rutas, estudiantes que evitan determinados trayectos y empresas que destinan cada vez más recursos a vigilancia privada.
Cuando una reducción delictiva tarda demasiado en convertirse en tranquilidad, existe una brecha entre política pública y experiencia social, y esa brecha debe preocupar a cualquier gobierno.
Carreteras: el otro rostro de la inseguridad
El transporte de carga ofrece otro ejemplo, pues durante 2026, las organizaciones empresariales del sector han mantenido la preocupación por robos, ataques y condiciones de riesgo en las carreteras, al grado de reforzar sistemas de rastreo, tecnología y coordinación para proteger unidades y operadores. No es un asunto menor.
Por las carreteras mexiquenses circulan alimentos, medicamentos, combustibles, autopartes, materias primas y prácticamente todo lo que sostiene diariamente la actividad económica.
Si las empresas deben invertir cada vez más en GPS, bloqueo remoto, cámaras, escoltas o centros de monitoreo para atravesar determinados corredores, existe un costo económico de la inseguridad que difícilmente aparece completo en una estadística gubernamental.
Y cuando el delincuente abandona una carretera federal fuertemente vigilada para trasladarse a una vía secundaria, el delito puede disminuir en un punto sin desaparecer realmente.
Detenciones no necesariamente significan sentencias
Existe además otra cifra que suele presumirse con frecuencia: las detenciones.
Los operativos coordinados han generado capturas, cateos, decomisos de armas y aseguramientos en varios municipios mexiquenses, pero detener es apenas el principio.
La verdadera evaluación debería continuar con preguntas menos cómodas: ¿cuántos detenidos fueron vinculados a proceso?, ¿cuántos permanecieron presos?, ¿cuántos recibieron sentencia?, ¿cuántos recuperaron su libertad por deficiencias en las investigaciones?.
Sin ese seguimiento, anunciar cientos o miles de detenciones puede convertirse en una enorme fotografía de operativos sin conocer el desenlace judicial.
La prueba definitiva está fuera de las oficinas
El Gobierno del Estado de México tiene derecho a informar sus avances y mostrar las reducciones “que pueda acreditar”.
Lo que no debería ocurrir es convertirlas en una narrativa de éxito anticipado mientras amplios sectores continúan viviendo bajo condiciones de inseguridad.
La verdadera victoria no llegará cuando una gráfica cambie de color, llegará cuando un transportista deje de calcular qué carretera debe evitar, cuando una familia pueda regresar tranquilamente por la noche, cuando un estudiante no tenga que esconder su teléfono antes de llegar a la escuela y cuando un comerciante deje de preguntarse si denunciar una extorsión pondrá en riesgo su vida.
Hasta entonces, las cifras positivas deberán leerse exactamente como lo que son: avances que requieren comprobación permanente, no certificados de misión cumplida.
Porque en seguridad pública existe una regla que ningún informe puede modificar: si la estadística mejora pero el ciudadano sigue viviendo con miedo, todavía queda demasiado por explicar.
Indudablemente las cifras “oficiales”, son muy cómodas para el Gobierno del Estado de México y sus servidores públicos, sin embargo, no concretan lo que anuncian, pues sólo es “de papel”, lo cual, estarán de acuerdo, tendrá que ser desmenuzado ampliamente durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez, sin maquillajes ni “cifras alegres” que sólo confundan, pues de lo contrario, esto seguirá siendo ¡más de lo mismo!.
