Sara Carter, encargada de la política antidrogas del gobierno de Donald Trump, lanzó una advertencia directa a cualquier persona que mantenga vínculos con organizaciones criminales: Estados Unidos irá tras ellas sin distinción de cargo, jerarquía o tamaño de su actividad.
La funcionaria subrayó que el alcance de esta ofensiva no se limita a los grupos delictivos en sí. También abarca a quienes les brindan respaldo, protección o facilidades desde espacios de poder político o desde la vida cotidiana. Lo mismo da si se trata de un gobernador que de un pequeño negocio local: nadie quedará fuera del radar.
Con ese mensaje, Carter buscó dejar claro que la estrategia de la Casa Blanca contra los cárteles apunta a toda la red que los sostiene. Su declaración añade presión a un discurso que ya había endurecido Washington y que coloca a autoridades y particulares bajo la misma lupa.
