Tras dos días de críticas por la forma en que fue contenida una marcha multitudinaria, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, optó por la autocrítica. Este martes aceptó que el dispositivo desplegado afuera de su residencia oficial fue desproporcionado, anunció que todos los arrestados ya están en la calle y ordenó indagar a los policías que participaron.
El reconocimiento
En un mensaje difundido por sus redes, el mandatario sostuvo que las fuerzas del orden no tenían por qué emplear chorros de agua ni gases contra los asistentes. Añadió que niños, adolescentes y personas mayores tampoco debieron verse envueltos en escenas de violencia. Se presentó, además, como alguien que antes de ocupar el cargo es una persona capaz de admitir un error y enmendarlo.
La rectificación fue inusual para un gobierno que, en otras movilizaciones, había defendido la actuación de sus corporaciones. Esta vez Lemus habló de fallas graves que, dijo, deben investigarse y castigarse.
Una protesta que se desbordó
Todo ocurrió el domingo, cuando alrededor de 10 mil personas de distintas edades se concentraron frente a Casa Jalisco para exigir soluciones a la contaminación del agua y a la crisis del suministro en la entidad. El acceso al inmueble fue reforzado con vallas, y la tensión escaló hasta que los uniformados respondieron con gas lacrimógeno y cañones de agua.
El resultado fueron al menos 39 personas aprehendidas y decenas de lesionados en la zona metropolitana de Guadalajara. Las imágenes del enfrentamiento circularon con rapidez y elevaron la presión sobre la administración estatal.
Qué sigue
El gobernador pidió una revisión interna que deslinde responsabilidades administrativas y penales dentro de la policía estatal. La pesquisa tendrá que separar los hechos atribuibles a quienes ejercieron violencia durante la protesta de las conductas de los elementos señalados por abusos. También solicitó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañe el proceso y vigile que las sanciones correspondan a la gravedad de cada caso.
Entre los compromisos figuran reparar el daño a los afectados y evitar que algo similar vuelva a ocurrir, lo que incluye vetar el uso de agua y gas en futuras manifestaciones.
Pendientes judiciales y presión externa
La liberación no cierra por completo el capítulo. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que asiste a siete de los detenidos, alertó que las carpetas abiertas en su contra siguen vigentes pese a la petición del propio gobernador. En términos prácticos, estar libres no significa que los procesos hayan terminado.
El episodio, además, rebasó las fronteras de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se aclarara el papel de la policía durante la protesta, y Amnistía Internacional condenó presuntas violaciones a derechos humanos en el operativo.
El desafío de fondo
Reconocer los errores alivia el desgaste inmediato, pero no lo resuelve. La credibilidad del gobierno dependerá de que la investigación identifique responsables, de que haya sanciones reales y de que la reparación llegue a quienes resultaron dañados. Y detrás de la marcha persiste el motivo que la originó: el reclamo por agua limpia y suficiente, que hasta ahora no tiene una respuesta convincente.
