La figura del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, vuelve a colocarse en el centro de la controversia tras revelarse información que apunta a la recepción de recursos económicos millonarios fuera de su declaración patrimonial, de acuerdo con documentos oficiales revisados recientemente, durante los años 2023 y 2024 habría recibido sumas que superan los 79 millones de pesos a través de un esquema de pagos provenientes de empresas privadas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de su gestión y su conducta como servidor público.
Los reportes financieros detallan que las transferencias se realizaron bajo el concepto de “Servicios Profesionales”, una práctica que en apariencia podría enmarcarse en la legalidad, pero que en este caso adquiere un cariz polémico por el perfil de las compañías involucradas, al menos una de estas firmas ha sido señalada previamente por autoridades fiscales como empresa fantasma, es decir, una entidad sin operaciones reales ni activos comprobables, utilizada habitualmente para justificar movimientos de dinero que en realidad carecen de sustento económico legítimo.
