El regreso masivo de mexicanos expulsados de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump no solo representa un desafío humanitario y administrativo para el país. También se ha traducido en una fuente de ingresos para un puñado de proveedores que ya eran conocidos en los gobiernos de Morena. Entre todas ellas suman mil 430 millones de pesos en contratos con el Instituto Nacional de Migración (INM).
