La preparación de la reforma a la Ley de Amparo puso en evidencia el concierto de intereses dentro del gobierno y el ánimo generalizado de los funcionarios de restringir al máximo un instrumento concebido para contener los actos de autoridad, en opinión de analistas y juristas.
En los hechos, las audiencias y debates más arduos se dieron a lo largo de varias semanas en el seno del propio oficialismo, al margen de los foros públicos a los que convocó el senador Corral.
